El CGPJ elabora un reglamento para fijar las condiciones de reutilización de las sentencias a través de licencias

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elabora un reglamento para fijar las condiciones de reutilización de las sentencias, tanto del Tribunal Supremo, como de otros órganos judiciales, mediante el que algunas de las reutilizaciones que venían siendo gestionadas de forma gratuita y sin sujeción a especiales condiciones, tendrán que someterse ahora a la obtención de una licencia y al pago de un precio público.

En este sentido, el CGPJ, que es el encargado de reglamentar todo lo relacionado «con el suministro, difusión y reutilización» de la información generada en forma de sentencia y otro tipo de resoluciones, pretende dotar a esa acción del respaldo normativo necesario. El proyecto está siendo sometido actualmente a un proceso de información pública.

Por ello, el Reglamento parte de la premisa de que las sentencias y otras resoluciones judiciales constituyen información susceptible de ser reutilizada. Así, el concepto de reutilización viene a acotarse mediante «la combinación de una combinación en positivo y una serie de exclusiones que vienen a perfilar mejor los contornos de la misma».

En cuanto a las posibles sanciones por el incumplimiento del Reglamento, recoge el CGPJ que irán destinadas tanto a los ‘reutilizadores’ que desatiendan los deberes que marca como para los que se aparten de las condiciones de uso establecidas en él o en las licencias o autorizaciones que se les concedan.

Sobre las exclusiones a la noción de reutilización, quedan fuera las relaciones internas de los propios órganos del sector, las aplicaciones que el Centro de Documentación Judicial realice, la finalidad puramente informativa de las sentencias y otras resoluciones, así como la necesaria comunicación que de la sentencia y demás resoluciones judiciales deba darse a las partes.

En relación con los precios públicos aplicables a las licencias-tipo y autorizaciones de reutilización con finalidad comercial, tendrán que abonarse 1,50 euros por cada copia de sentencia o resolución, aunque serán aplicables descuentos a partir de la suministración de más de 10.001 sentencias.

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