El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha atribuido hoy la percepción «cada vez más deteriorada» que los ciudadanos tienen de la acción de la Justicia a un «preocupante desconocimiento de la realidad».
Así lo indicó en su intervención en la Tribuna Galicia del Fórum Europa que tuvo lugar en Vigo, un acto en el que Conde Pumpido destacó que, de este desconocimiento, «no tienen la culpa los ciudadanos», sino, «en una parte muy importante», la «falta de adaptación» del sistema español de Justicia a las «exigencias» de una «sociedad democrática y moderna».
«Este desconocimiento de la realidad también es debido a la falta de pedagogía o la contrapedagogía por parte de quienes tienen más acceso a la opinión publica, como los propios políticos o los medios de comunicación», dijo.
También consideró el fiscal general que esta «desinformación» y la «distorsión negativista» de la tarea de jueces y fiscales es debida «en buena medida» a «la obsolescencia del sistema», que no incluye «mecanismos de transparencia idóneos».
Señaló Conde Pumpido que, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, los jueces y fiscales pasaron «de ser respetados a ser selectivamente denostados». En este sentido, lamentó que, a pesar de que ahora se controla «con instrumentos impensables en épocas anteriores» la imparcialidad y eficacia de su trabajo, «se nos acusa de politización e inoperancia».
A ello agregó que «lo que les interesa a los ciudadanos» es la «eficacia» y «buen funcionamiento» de la Justicia como «elemento pacificador y de resolución conflictos en una sociedad avanzada».
En su intervención, Conde Pumpido recordó que el sistema penal español «absorbe» anualmente «más de cuatro millones y medio de procedimientos», cifra que calificó como «una auténtica barbaridad, sin parangón en ningún país desarrollado comparable a España».
«Si consideramos que la Ley procesal, que canaliza más del 70 por ciento de la actividad judicial en nuestro país, es de 1882 y sigue milagrosamente vigente, tal vez podamos encontrar una pista de por qué la eficacia de nuestro trabajo le llega peor a los ciudadanos que las consignas de los políticos», argumentó.
Consideró el fiscal general del Estado que la Justicia española «ha tenido que hacer una de las transiciones más difíciles», desde la «función judicial restringida y mediatizada políticamente» hasta el Poder Judicial «responsable último de la vigencia del Estado de Derecho».
