La Audiencia Nacional juzgará este lunes al militante histórico de ETA Joseba Urrusolo Sistiaga por asesinar con un paquete bomba en 1991 al oficial de la Policía Luis Claraco López, al subinspector Pedro Domínguez Pérez y al oficial del Cuerpo Nacional de Policía José Luis Jiménez Barrero cuando intentaban desactivarlo. Por ello, el fiscal Carlos Bautista solicita que se le imponga una pena de 128 años de cárcel.
La Fiscalía considera que los hechos, que se produjeron en Madrid, constituyen dos delitos de asesinato terrorista, uno de asesinato terrorista en grado de tentativa, uno de atentado, y otro de estragos. Los daños ascendieron a 53.997.840 millones de pesetas (324.533,55 euros). Además, el acusado deberá indemnizar con 1.033.333,33 euros a las familias de los fallecidos.
Según el escrito de conclusiones provisionales del representante del Ministerio Público, Urrusolo Sistiaga, en una fecha no determinada de 1991, pero «inmediatamente anterior» al 25 de junio, averiguó y anotó la dirección de la sede del Ministerio de Justicia, en la calle San Bernardo de Madrid, «con la finalidad de enviar un paquete bomba a cargos políticos o funcionarios allí destinados», o directamente él, o otros miembros de la organización terrorista ETA.
A su vez, otra integrante de la banda buscó una agencia de transportes en Valladolid desde la que poder enviar un paquete «sin levantar sospechas», según la documentación intervenida al también miembro de la banda Fernando Díaz Torre en 1992.
EL PAQUETE FUE RECHAZADO
Así, el 25 de junio de 1991, miembros no identificados de ETA enviaron un paquete bomba desde la empresa Express Cargo de Valladolid, poniendo como remitente a ‘Gráficas Jotasu’ y la dirección de una casa abandonada. El paquete iba envuelto en una caja de cartón y contenía un explosivo a base de nitritos y amonio, cloruros y nitrocelulosa.
Al día siguiente, la empresa entregó el paquete, que iba dirigido a Jesús M. Gómez, en el Ministerio de Justicia, donde por entonces ocupaba un cargo. El paquete fue rechazado y devuelto a los almacenes de la empresa, en Villaverde (Madrid), que se puso en contacto con su oficina en Valladolid, con el fin de que comunicasen a la empresa remitente lo sucedido, recibiendo como respuesta que dicha empresa era desconocida en la ciudad.
Posteriormente, sobre las 16:30 del 1 de julio, recibieron una llamada mediante la que una persona no identificada informó de que el paquete contenía una bomba, motivo por el que avisaron a la Policía.
Alrededor de las 19:15 de ese mismo día, inspectores del Cuerpo Nacional de Policía y un grupo de Tedax se trasladaron al polígono industrial de Villaverde e intentaron desactivar el artefacto, produciéndose una explosión sobre las 22:15 horas, que acabó con la vida de Claraco López y de Domínguez Pérez y, más tarde, en el hospital, de Jiménez Barrero.
