La ex mujer del letrado José María del Nido, acusada en el caso ‘Minutas’, por las presuntas irregularidades en los encargos profesionales realizados al abogado por parte del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), aseguró hoy que en el procedimiento de la segregación de San Pedro le pagaron de manera aplazada los honorarios que ya le correspondían por el trabajo que había realizado.
En relación con la actuación de la acusada en este procedimiento, el representante del ministerio fiscal apuntó hoy en el juicio, que se retoma tras varias semanas, que en el año 2000 consta una primera factura de unos 58.000 euros y otros dos pagos de 6.600 euros, aunque precisó que el resto de los meses de 2001 se contabilizaron pagos mensuales también de 6.600 euros.
En este sentido, la acusada explicó que pidió una primera minuta mayor «para lanzar el procedimiento» y luego se hizo un aplazamiento del total por meses «porque la minuta iba a ser muy grande», de unos 100 millones de las antiguas pesetas. Apuntó que al haber ya contestado la demanda y haber propuesto prueba «ya había devengado», es decir, tenía derecho a pedir el 80 por ciento de los honorarios.
Cuestionada por si los 120.000 euros que se le pagó en total eran los que tenía que haber cobrado desde el primer momento, la acusada aseguró que «no, que tenía que haber cobrado más». «Ahora me arrepiento de no haberlo reclamado», afirmó. Además, señaló que se aplazó el pago al tener en cuenta que «era una partida nueva que no estaba aceptada en el presupuesto porque era un motivo nuevo».
La acusada dijo que dejó de llevar este asunto tras producirse la moción de censura. Aseguró que el ex alcalde Julián Muñoz mantenía una relación «cordial» con su entonces marido, pero no de amistad. Dijo que ella no habló jamás con el ex regidor para promover el pago de las minutas y añadió que no cree que su marido lo hiciera «porque él jamás se ha metido en mi vida profesional ni yo en la suya».
La Fiscalía Anticorrupción considera que el que fuera alcalde marbellí, Jesús Gil, contrató a esta acusada de forma «oral», sin convocatoria pública «y por puro capricho», por lo que entiende que «se conculcaron gravemente los principios de transparencia, publicidad y concurrencia», en beneficio del asesor jurídico de confianza en ese momento, como era José María del Nido.
