La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha mantenido hoy su petición de ocho años de cárcel para 17 presuntos miembros de Segi por un delito de pertenencia a ETA, ya que ha quedado probada su «integración activa» en la organización juvenil ilegalizada a través de actos de ‘kale borroka’ al servicio de ETA.
En el juicio, que se celebra desde el pasado 28 de junio, están imputados Ekaitz de Ibero, Pello María Lamarca, Mikel Arretxe, Unai Pérez, Egoi Alberdi, Oier Lorente, Adur Fernández, Aitor Olaizola, Ion Imanol Igal, Asier Mariezkurrena, Imanol Ander Vicente, Nahikari Otaegi, Urko Picaza, Breogan Fernández, Beñat Apalategi, Igor Alvarez y Ekaitz Ezkerra, además de Urko Labaka, en situación de busca y captura.
En su informe de conclusiones definitivas, el fiscal Luis Barroso también ha recordado que todos los acusados se negaron a responder a sus preguntas en la primera sesión del juicio, y ha dicho que, de esa forma, ejercitaron su «derecho a no declarar», pero que no usaron «su derecho a aclarar».
Barroso ha pedido al tribunal, presidido por Ángel Hurtado, que tenga en cuenta las declaraciones que los acusados hicieron en dependencias policiales -y que «han sido ratificadas» por los policías durante la vista oral-, así como los efectos intervenidos en el registro de los domicilios de los procesados, entre los que se encuentran pegatinas con el anagrama de ETA, DVD’s de Segi y panfletos de Batasuna.
Las defensas, por su parte, han pedido la libre absolución de sus clientes, aunque no presentarán sus conclusiones definitivas hasta mañana.
Los familiares y amigos de varios acusados han testificado en la vista oral para asegurar que los procesados no tienen «nada que ver» con Segi y que los efectos incautados en sus domicilios eran de su propiedad y no pertenecían a los procesados porque, por entonces, «ya no vivían allí».
En este sentido, una compañera de piso de dos acusados ha dicho que la carta del etarra Iñaki de Juana Chaos y el cuaderno manuscrito en el que, según el fiscal, «figuran las cuentas de gastos e ingresos producidos por la venta y compra de diferentes objetos de Segi» son suyos, y que las anotaciones que aparecen en la libreta son de su «puño y letra».
Otros testigos han asegurado que los datos económicos recogidos en dicho cuaderno pertenecían a ‘Piratas’, una asociación que, han dicho, «organiza fiestas en la Semana Grande de San Sebastián», no está vinculada «en absoluto» a Segi y mantiene «mucha» y «muy buena» relación con el Ayuntamiento donostiarra.
Varios policías encargados de analizar los dispositivos electrónicos intervenidos en el momento de la detención han reconocido que hallaron «imágenes, vídeos y documentación» de Segi, y han señalado que en algunos de los materiales se veía a los acusados en fiestas gritando consignas como ‘gora ETA’.
En la primera sesión del juicio, la Audiencia Nacional dictó una orden internacional de busca y captura para uno de los acusados, Urko Labaka Larrea, por no comparecer ante el tribunal junto a los otros 17 imputados que, uniformados con una camiseta roja con la palabra ‘independentzia’, se negaron a responder a las preguntas del fiscal.
Además, doce de ellos aprovecharon su interrogatorio para decir que el procedimiento judicial abierto contra ellos «no es más que un juicio político» del que no quieren formar parte, por lo que se negaron a declarar.
Los procesados, de entre 22 y 29 años, fueron detenidos en 2007 por su presunta integración en diversos «taldes» que participaron en diversos actos de violencia callejera desde 2005, principalmente en San Sebastián.
