El juez Antonio Pedreira, que instruye el ‘caso Gürtel’, ha rechazado rebajar la fianza de 1,2 millones de euros impuesta al ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, quien permanece encarcelado desde el 12 de febrero de 2009.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado desestima el recurso de reforma interpuesto por la defensa de Crespo contra el auto de 30 de marzo de 2010 en el que se le fijo la ciatada cuantía económica.
En el recurso, la defensa se quejaba del desconocimiento de un informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y «una supuesta hipotética precipitación en dictar el auto recurrido una vez declarada la anulabilidad de determinadas intervenciones».
En el auto fechado el 29 de junio, el juez acoge los argumentos de las fiscales al insistir que los hechos que se atribuyen a Crespo están relacionados con su condición de gestor del patrimonio de Correa y de las sociedades vinculadas a éste.
Según recoge, los datos tomados en consideración para fijar la fianza se basan en el informe de la unidad de auxilio judicial de la AEAT, así como en base también a la documentación intervenida en el despacho de José Ramón Blanco Balín.
En una providencia de 18 de junio, el juez ha denegado la solicitud de libertad solicitada por la defensa de Crespo. En concreto, rechaza el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha de 8 de marzo sobre denegación de libertad.
FIANZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Al mismo tiempo, Crespo afronta otra fianza de 85 millones de euros fijados para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele como consecuencia de los delitos fiscales de los que se le acusan.
En el auto en el que se impuso esta fianza civil, el instructor destacaba lo elevado de las responsabilidades pecuniarias que podrían derivarse de los delitos contra la Hacienda Pública descubiertos entre 2002 y 2007.
Bajo la presidencia de Crespo, la empresa Special Events, dedicada a la comunicación y organización de eventos, fue contratada por la Xunta que gobernaba Manuel Fraga para promocionar el mercado de la carne gallega en plena crisis de las vacas locas, campaña de publicidad por la cual percibió un millón y medio de euros.
En 2005 se desvelaron las vinculaciones de esta empresa con personas del PP y que era propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, por lo que el entonces presidente de la Xunta, meses antes de perder la mayoría absoluta, aseguró que no se realizarían más contrataciones con Special Events.
