El SPP se querella contra el investigador principal del ‘chivatazo’ y le acusa de cometer tortura y detención ilegal

Los servicios Jurídicos del Sindicato Profesional (SPP) de Policía han interpuesto en nombre de un Inspector adscrito a la Comisaría Provincial de Málaga, una querella criminal contra varios funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía, «encabezados por el funcionario con carné profesional 16.586, al figurar como instructor de las diligencias». Se le acusa de delitos como «tortura» o «detención ilegal» entre otros.

Concretamente, este funcionario del que se cita su carné profesional es Carlos G., actualmente ascendido a comisario y que fue el encargado de investigar la supuesta delación policial a un red de extorsión de ETA en el Bar Faisán de Irún en mayo de 2006 en el marco de la causa conocida como el ‘chivatazo’ que se sigue en la Audiencia Nacional y en la que actualmente hay tres mandos policiales imputados.

Según el comunicado difundido hoy y recogido por Europa Press, la querella ha sido presentada en el Juzgado Decano de Málaga y los delitos que se imputan indiciariamente a estos funcionarios son los siguientes acusación y denuncia falsa, detención ilegal, tortura o, subsidiariamente, delito contra la integridad moral, falsedad documental, un delito contra los derechos individuales y otro contra la inviolabilidad del domicilio.

El SPP relata que los hechos acontecieron con ocasión de las detenciones de varios policías, miembros de la UDYCO Málaga, acusados de robo, delito contra la inviolabilidad del domicilio y otros. El Inspector denunciante, fue detenido acusado de estos delitos.

«Los indicios de criminalidad contra él descansaban en una evidente tergiversación del contenido de unas conversaciones telefónicas, así como en la falta de constancia en el acta de un registro de una serie de efectos que se acreditó que constaban fehacientemente en el reportaje fotográfico de Policía Científica», denuncia el sindicato.

Añaden que el Inspector que ha presentado la denuncia «fue detenido y permaneció incomunicado en calabozos durante más de 72 horas, sin comer las primeras 24 horas, privándole mediante engaño de su derecho al habeas corpus y procediendo al registro de su despacho de forma ilegal».

Por estos hechos el Inspector permaneció imputado durante un año y medio, suspendido de empleo y sueldo durante más de cinco meses, y finalmente se dictó Auto de Sobreseimiento respecto de él por no constar acreditados ni siquiera a nivel indiciario los hechos que se le imputaban.

De todos estos hechos, ya habían sido informados con anterioridad, tanto el Director General de la Policía en Pleno del Consejo de Policía como el Director Adjunto Operativo en escrito registrado y sellado, quienes, según el SPP «no han hecho absolutamente nada para el esclarecimiento de los mismos, ni tan siquiera abrir una información reservada a lo que están obligados ante la denuncia efectuada».

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