El titular del juzgado de primera instancia número de 3 de Orihuela ha sido informado «verbalmente, aunque no de manera oficial», de las comparecencias previstas para mañana de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco de la operación lanzada por la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, entre ellas el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll.
Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha asegurado en un comunicado –hecho público ante la «confusión suscitada por la citación para comparecer en este juzgado de varias personas», explica el organismo– que al término de la mañana de hoy el juzgado «no disponía de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad, ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el Juzgado».
La fuente añade que con anterioridad a la operación únicamente se recibió consulta sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial y, una vez concluida la mañana, «el Juzgado no tenía constancia oficial de comparecencia alguna prevista para mañana o próximos días en relación a las Diligencias Previas 851/07, excepto lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación». Sin embargo, puntualiza, «a media tarde, el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto».
Asimismo, explica que el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela autorizó las entradas y registros practicados ayer como consecuencia de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones adoptadas fueron notificadas a los interesados «en tiempo y forma», recalca.
El comunicado del TSJCV reitera que «no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna persona, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial». Por tanto, precisa, «no existe cédula de citación alguna expedida por la oficina judicial, es decir firmada por el juez o el secretario, ni entregada por personal del juzgado, sino que la citación aludida obedecería, en todo caso, a la fuerza instructora del atestado policial».
«POTESTAD» DE LA POLICIA
En este punto, explica que la Policía «tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa ante el juez, para que comparezcan en el órgano instructor y aclaren los extremos que se consideren oportunos».
Finalmente, insiste en que «no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna, independientemente de que la Policía pueda practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación».
