El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado este viernes que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña «despeja las dudas que políticamente trasladó el PP» y ha acusado a esta formación de intentar «enmascarar su enorme derrota» con interpretaciones «sesgadas». También ha considerado que las «grandes líneas» de esta norma pueden servir de «reflexión» a comunidades autónomas en las que está pendiente la aprobación de un nuevo estatuto.
En rueda de prensa, Caamaño ha destacado del contenido de la sentencia que el catalán «no es un estatuto soberanista como se ha dicho» y ha incidido en que «dice que es prácticamente en su totalidad constitucional». «Sólo un artículo es inconstitucional y hay 13 en los que se toca algún adjetivo o algún inciso», ha añadido el titular de Justicia.
Además, ha subrayado que del fallo «se puede concluir que las referencias a la nación no son contrarias a la Constitución», mientras que ha incidido en «que ni una sola competencia ha sido declarada inconstitucional». No obstante, ha precisado que «respeta» la reacción que ha suscitado en Cataluña la sentencia, pero ha remarcado «que con independencia que se critique, debe ser acatada».
«Respeto la posición de las fuerzas políticas de Cataluña porque han sufrido una presión enorme y se les ha imputado de todo», ha indicado el ministro de Justicia, quien ha afirmado entender «que después de todos los avatares quisieran que fuera íntegramente un estatuto constitucional». Aún así, ha insistido en que «no se puede olvidar que la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional».
AUTOGOBIERNO E IDIOMA
Caamaño ha destacado, además, que «elementos de batalla en estos cuatro años como el capítulo de competencias» no han sido declarados inconstitucionales. «Y todo el aumento de autogobierno es plenamente constitucional», ha puntualizado, un argumento que ha mantenido también en relación «con todo el régimen lingüístico».
Así, ha recordado que «sólo un adjetivo en toda esa regulación es contrario a la Constitución», ha indicado en referencia al uso de la palabra «preferente» respecto a la utilización del catalán en ámbitos como la Administración pública y ha añadido que «lo importante es que dice que es plenamente constitucional que el catalán sea lengua vehicular en la enseñanza».
Caamaño ha remarcado, además, que el fallo «dice con rotundidad que hay un deber de conocimiento del catalán, que también existe en el castellano, pero que obviamente no son iguales», ha aseverado en relación con otro de los argumentos del recurso del PP.
DEBATE «INTERESADO»
Por otra parte, ha destacado el hecho de que en el capítulo de financiación «sólo la expresión esfuerzo fiscal similar haya sido declarada inconstitucional de una regulación extensa y densa» y ha insistido en que la «respuesta que da al PP» la sentencia del Tribunal Constitucional «es la que defendieron las Cortes generales y el Parlamento de Cataluña», ha precisado.
Al respecto, ha recalcado que «lo que hoy afirma el Tribunal Constitucional es lo mismo que defendían los partidos que lo apoyaron en 2006» y acusó al PP de haber creado en estos años «un debate claramente interesado». En este sentido, se preguntó «por qué el PP impugnó el preámbulo del Estatut catalán y no otros que recogían también elementos identitarios».
Además, ha considerado que la sentencia constata «que la visión de España de Rajoy no es la de la Constitución de 1978» y ha defendido que el autogobierno previsto en el Estatuto catalán «se ajusta a lo que dice» la Carta magna.
Caamaño, que calificó el Estatut como un «modelo novedoso», ha asegurado, a preguntas de los periodistas sobre si puede servir de guía a otras comunidades autónomas, que la sentencia del Constitucional «es importante» para aquellas «que todavía no han hecho un nuevo estatuto». En este sentido, ha manifestado que las «líneas generales» de la normativa catalana pueden servir «de reflexión» a otras autonomías, aunque ha precisado que «eso es una opción de cada Parlamento autonómico».
Sobre las alusiones en el fallo al Consejo de Justicia, ha sostenido que obedecen «más a razones de forma y no de contenido», pero ha matizado «que no dice que sean contrarios a la Constitución». Por ello, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a «explorar» esta cuestión «si encontramos jurídicamente esa vía», ha apuntado.
