El abogado de la Comunidad de Madrid ha solicitado al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechace la solicitud de imputación de un total de 40 altos cargos y funcionarios regionales y la declaración de otras 18 personas, en base a la «mala fe procesal» demostrada por los miembros del Partido Socialista de Madrid que firman la petición.
El escrito remitido a Pedreira, al que tuvo acceso Europa Press, ve «motivaciones políticas» en esta petición y recuerda que «no son tolerables actuaciones que pretendan enervar la presunción de inocencia por medios no respetuosos con la ética, en cuanto que su objetivo sea establecer, conscientemente, una verdad procesal que no coincida con lo realmente ocurrido, para extraer de ella consecuencias penales desfavorables para un interesado».
Asimismo, entiende contraria a la «buena fe procesal» la actuación de los concejales socialistas de Boadilla del Monte, personados en la causa, porque se encamina a utilizar el proceso para una finalidad distinta de la averiguación de la verdad penalmente relevante.
«No resultaría lógico -ni coherente con la imprescindible seguridad jurídica– detectar ahora indicios de criminalidad basada en elementos fácticos que llevan sobre la mesa casi año y medio», señala.
«En nuestro caso es cuanto menos ‘sorpresivo’ interesar la imputación de más cincuenta personas, al socaire de unos datos obrantes en las actuaciones hace un año y, además, unos días después de que el jefe de filas de los peticionarios vea cómo se dirige contra él una querella por desvelar públicamente, de forma falsaria, los datos en los que aquéllos fundan ahora su solicitud y a los que Gómez no podía tener acceso», recalca.
El abogado de la Comunidad acusa a estos ediles socialistas de utilizar datos de las diligencias del caso cuando el PSM, como tal, no se halla personado.
«Curiosamente, esos datos son los ahora esgrimidos por los concejales precitados para sostener sus peticiones de investigación», observa, al tiempo que dice que «no parece aventurado considerar que la intencionalidad subyacente» de esta petición de imputación de los cargos regionales «llevada a cabo por subordinados políticos de Gómez, se centre en el ofrecimiento a éste de una gratuita cobertura procesal que dé aparente amparo al contenido de sus declaraciones públicas y sirva, a la vez, de mecanismo de defensa frente a la querella presentada contra él por el Gobierno de la Comunidad».
Sostiene también que el escrito de los concejales del PSOE no recoge «la finalidad concreta que se persigue» con la imputación de los cargos, lo que a su juicio también es una quiebra del principio de buena fe procesal «y otra razón para pensar en la presencia de intereses espurios y extraprocesales».
«El cauce penal sólo se justifica si existen unos hechos que presenten inicialmente, de forma suficientemente seria, una apariencia delictiva, siendo responsabilidad del instructor evitar su prolongación temporal más allá de lo preciso», recuerda.
IMPLICAR AL «ADVERSARIO POLITICO»
Por otra parte, el abogado regional señala que la diligencia de los ediles socialistas va dirigida a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo que supone «el evidente propósito que esconde ‘implicar’, aunque sea de forma muy indirecta, al máximo adversario político en la instrucción de una causa penal, sino también por la notoria impertinencia de la pretensión».
Asimismo, señala que la normativa administrativa autonómica demuestra que no es la Presidencia de la Comunidad el órgano competente para facilitar la información sobre ello, pues la titularidad de los órganos administrativos y las competencias de éstos son datos públicos, notorios, por su divulgación a través de los Boletines Oficiales.
«Pretender acceder a tales datos, relativos a más de una veintena de órganos administrativos autonómicos, a través de una comunicación de la Presidencia de la Comunidad, es otra muestra más de la espectacularidad con la que se busca revestir la actuación procesal desplegada», plantea el letrado.
