El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral solicita penas de entre 10 y 15 años de prisión para 22 responsables de la Asamblea de Electos de Batasuna conocida como Udalbiltza Kursaal, que serán juzgados desde el jueves 15 por los delitos de integración en organización terrorista y malversación de caudales públicos.
Entre los acusados que figuran en el escrito de conclusiones provisionales elaborado por el fiscal están Xabier Alegría, que coordinaba la entidad por designación de la Comisión Ejecutiva, Joseba Mikel Garmendia, presunto miembro del aparato de finanzas de ETA y responsable en este caso concreto de los asuntos económicos de la entidad ilícita, así como Miriam Campos, también juzgada en el macroproceso contra el entorno de ETA por su vinculación al aparato internacional de la organización terrorista, conocido como ‘Xaki’.
Según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, Udalbiltza Kursaal intentó jugar un papel predominante en la reorientación de la actividad de ETA para continuar con el llamado «Proyecto de Construcción Nacional» de la banda y depende directamente de ella.
«La entidad denominada Udalbiltza Kursaal constituye una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA, a través de EKIN y del suspendido e ilegalizado partido político Batasuna», señala en su escrito el representante del Ministerio Público.
FINANCIADOS POR MAS DE 60 AYUNTAMIENTOS
Para desarrollar esta estrategia, las instituciones más adecuadas son los Ayuntamientos que, según defiende la Fiscalía, gozan de una credibilidad mayor para el ciudadano. El fiscal considera que ETA emplea la legalidad para generar «espacios de alegalidad» como Udalbiltza, que se financian en parte con fondos públicos desviados por los propios responsables de las corporaciones municipales –miembros de la ilegalizada Batasuna–.
Moral apunta a que un total de 66 ayuntamientos aportaban parte de sus respectivos presupuestos, utilizando dos modalidades a elegir entre la entrega de un uno por ciento de su presupuesto anual o bien un uno con cuatro por ciento de sus ingresos ordinarios. Los primeros en realizar esta aportación económica fueron los consistorios de Oyarzun, Astigarraga y Zaldivia, todos ellos guipuzcoanos y controlados en aquel momento por Batasuna.
En concreto, de los ayuntamientos que integran la asamblea de electos de Batasuna un total de 33 pertenecen a la provincia de Guipúzcoa, 12 se encuentran en Vizcaya, 19 en Navarra y dos en Alava. Cada uno contribuyó con distintas cantidades de dinero para financiar ilícitamente la plataforma y «por ende a la organización terrorista ETA».
A modo de ejemplo, la Fiscalía señala que entre la documentación intervenida se halla una hoja de cálculo que refleja el presupuesto de gastos para el ejercicio 2003 de los distintos grupos de Udalbiltza –dividida en áreas como por ejemplo la de relaciones internacionales– que alcanza una cifra de 738.498 euros.
Además de las aportaciones de los consistorios la plataforma recibía donaciones voluntarias de particulares y empresas.
IDEADA EN LA TREGUA DE 1998
La creación de la asamblea de electos de Batasuna se remonta a febrero de 2001, momento en que se celebra la primera asamblea general con asistencia de 713 cargos electos de 265 municipios vinculados a la izquierda abertzale. La iniciativa de crear Udalbiltza, como estructura de ETA, surgió dos años antes, durante el transcurso de la «tregua indefinida» de ETA que se prolongó entre septiembre de 1998 y noviembre de 1999.
Así, Udabiltza Kursaal es una renovación delictiva de la Udabiltza nacida del acuerdo entre diversas fuerzas políticas nacionalistas y otros partidos políticos y organizaciones en 1999, que nada tiene que ver con ella.
PRUEBAS
Entre las pruebas que maneja la Fiscalía para acusar del delito de integración en ETA a los 22 responsables de Udalbitltza Kursaal se encuentra una carta incluida en un «Zutabe» de febrero de 2001, dirigida al futbolista Bicente Lizarazu en la que la banda, tras solicitarle el pago del impuesto revolucionario, le señala que entre las posibilidades de las que dispone para dirigir esta ayuda se encuentra la de entregársela a los movimiento que trabajan para la construcción nacional de Euskal Herria, entre ellos Udalbiltza.
Los responsables reales de Udalbiltza Kursaal son, según el escrito, Xabier Alegría, Miriam Campos; Leire Idoyaga; la concejala del Ayuntamiento de Urnieta (Guipúzcoa), Miren Karmele Urbistondo; el concejal del Ayuntamiento de Vera de Bidasoa (Navarra) Oscar Goñi y la concejal del Ayuntamiento de Oyarzun (Guipúzcoa) Larraitz Sanzberro.
El resto de procesado son José Manuel Jurado Torvisco, Lander Echebarría Garitacelaya, Eider Casanova, Loren Arkotxa, Miren Josu Aramburu, Joseba Mikel Garmendia, Imanol Esnaola, Xabier Iragorri, Charles Etchecaharreta (responsable de la Asamblea en Francia), Esperanza Iriarte, Miren Jasone Astibia, Urko Irastorza, Maria Victoria Ugarteburu, Juan Carlos Alducín, Miren Odriozola e Ibon Arbulu.
Los cuatro responsables que se enfrentan a la mayor petición de prisión, un total de 15 años son Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa, Xabier Alegría y Xabier Iragorri a los que se acusa, además del delito de integración en organización terrorista del que están acusado los 22 y por el que la Fiscalía solicita una pena de 10 años, del de malversación de caudales públicos, por el que pide cinco.
El juez Baltasar Garzón procesó en septiembre de 2004 a 21 responsables de Udabiltza Kursaal a los que posteriormente se añadió uno más Ibon Arbulu. El auto explicaba que Udalbiltza Kursaal, Udalbiltza Partzuergoa y Euskal Garapen ETA Kohesio Fondoa, cuyas actividades fueron suspendidas por el juez en junio de ese mismo año por un periodo de cinco años que ha sido prorrogado, están integradas «en el armazón del complejo terrorista liderado por ETA-Ekin, formando parte de la misma estructura delictiva que actúa con diversidad de medios pero con unidad de propósitos».
