La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional iniciará mañana, jueves, el juicio contra 22 dirigentes de Udalbiltza-Kursaal, la asamblea de concejales electos de la ilegalizada Batasuna, a los que se acusa de formar parte de ETA y de financiar a la banda terrorista con dinero público.
El fiscal encargado del caso, Juan Moral, pedirá entre 10 y 15 años de cárcel para cada de los acusados por delitos de integración en organización terrorista y malversación de caudales públicos. Está previsto que el juicio se extienda primero hasta el 23 de julio y que, tras el parón estival, continúe entre el 7 y el 15 de septiembre.
Moral asegura en su escrito de calificación que Udalbiltza-Kursaal era «una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA» y pretendía «jugar un papel esencial» en el denominado «proyecto de Construcción Nacional», así como «cubrir el vacío» producido tras la ilegalización de Batasuna.
Esta organización buscaba «ser un contrapoder al establecido legítima y constitucionalmente en España» y poder «burlar las resoluciones judiciales y presentar candidaturas electorales locales que aseguran la presencia y control de ETA-EKIN en todos los municipios».
Para el fiscal, los responsables «reales» de Udalbiltza-Kursaal eran Xabier Alegría, Miren Karmele, Miriam Campos, Leire Idoyaga, Oscar Goñi y Larraitz Sanzberro.
Además de estos dirigentes, los procesados José Manuel Jurado, Lander Echeberría, Eider Casanova, Loren Arkotxa, Miren Josu, Joseba Mikel Garmendía, Imanol Esnaola, Xabier Iragorri, Charles Etchecaharreta (responsable de Udalbiltza en Francia), Esperanza Iriarte, Miren Jasone Astibia, Urko Irastorza, María Victoria Ugarteburu, Juan Carlos Alducín, Miren Odriozola e Ibon Arbulu.
De estos procesados, Garmendía, Arkotxa e Iragorri son para los que el fiscal pide una pena una mayor, en concreto 15 años de prisión, al considerar que, además de un delito en integración en organización terrorista, incurrieron en un delito de malversación de fondos públicos.
Alegría sólo se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel por malversación debido a que ya fue condenado por integración en organización terrorista en el juicio contra Ekin. Para los otros 18 procesados, el Ministerio Fiscal pide 10 años de prisión por un delito de integración en organización terrorista.
DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS
En cuanto al plano económico, el escrito del fiscal señala que Udalbiltza disponía de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos ayuntamiento de la Comunidad Vasca y Navarra controlados por Batasuna, que podrían haberse utilizado para financiar a ETA.
Los primeros ayuntamiento en financiar a esta organización fueron los de Oyarzun, Astigarraga y Zaldibia, todos ellos en Guipúzcoa y bajo el control de Batasuna, y con posterioridad se le fueron sumando otros municipios, hasta un total de 66 consistorios, entre ellos 33 en Guipúzcoa, 12 en Vizcaya, 19 en Navarra y 2 en Álava.
Estos ayuntamientos controlados por la izquierda abertzale contaban con dos vías para financiar a Udalbiltza-Kursaal: aportar un 1% de sus presupuestos anuales a la organización o bien un 1,4% de sus ingresos ordinarios.
Udalbiltza-Kursaal también recibía aportaciones económicas de particulares a través de la emisión abierta de bonos, vía por la que se calcula habrían recibido cerca de 400.000 euros, además de donaciones de empresas.
Entre la documentación incautada se encontró una hoja de cálculo que reflejaba el presupuesto de gastos de Udalbiltza-Kursaal para 2003 y en el que el total alcanzaba un cifra de 734.498 euros.
ASAMBLEA DE MUNICIPIOS VASCOS
Udalbiltza se constituyó en 1999 como una Asamblea de Municipios Vascos por alcaldes y ediles nacionalistas (incluidos PNV y EA) de ña Comunidad Vasca, Navarra y el País Vasco francés. Sin embargo, la ruptura de la tregua por parte de ETA provocó las primeras desavenencias entre sus miembros, ante la negativa de los representantes abertzales a condenar la violencia.
El 24 de febrero de 2001 se celebró la primera Asamblea General de Udalbiltza en el Palacio Kursaal de San Sebastián, creándose la escisión Udalbiltza-Kursaal, con la asistencia de 713 cargos electos de 265 municipios, todos exclusivamente vinculados a la izquierda abertzale.
Udalbiltza-Kursaal fue ilegalizada en septiembre de 2004 por orden del juez Baltasar Garzón al considerar que esta organización se ubicaba «en el ámbito de actuación del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MNLV) y con subordinación a las directrices impartidas por ETA-EKIN».
