Once de los 20 miembros de la asamblea de electos de Batasuna, Udalbiltza-Kursaal, que han comenzado a ser juzgados en la Audiencia Nacional han asegurado que la entidad «no seguía directrices» de la banda terrorista ETA aunque algunos han reconocido que buscaba el «reconocimiento» de la nacionalidad vasca.
Así lo han manifestado en la primera sesión del juicio, en la que el tribunal, formado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Manuela Fernández Prado y Ramón Saez Valcárcel, ha decretado una orden de busca y captura contra el acusado Charles Etxecaharreta, responsable de la organización en Iparralde (país vasco-francés) que no ha comparecido ante el tribunal.
Antes de comenzar los interrogatorios, el tribunal ha apartado del juicio a la acusada Miriam Campos y la ha absuelto al entender que ya ha sido juzgada y cumple condena por el delito de integración en ETA del que venía siendo acusada, puesto que fue condenada en el «macrosumario» 18/98 contra organizaciones del entorno de ETA.
Sin embargo, la cuestión previa planteada en el mismo sentido por la defensa del acusado Xabier Alegría, condenado también en el 18/98 por integración en organización terrorista, no ha sido estimada por el tribunal, que ha considerado que al estar acusado también en este juicio de un delito de malversación de fondos públicos, es «difícil separar una actividad de otra» y «no le causa perjuicio».
Durante los interrogatorios, todos los acusados han coincidido en que el trabajo que desempeñaron en la Asamblea nunca siguió las directrices de ETA y, en concreto, José Manuel Jurado Torvisco ha asumido que en 2003 hizo «todo lo posible» para que la izquierda abertzale estuviera presente en las elecciones, si bien ha dicho no saber «qué relación tiene eso con Udalbiltza».
«A mi nunca me pasó ninguna directriz para formar candidaturas», ha sostenido el acusado -procesado también en el sumario que ha investigado las cúpulas de ANV y PCTV-, que ha añadido que tampoco lo han hecho Euskal Herritarrok (EH), EKIN o ETA y ha dicho: «a mi solo me pasa directrices mi conciencia».
Alegría, por su parte, ha negado que fuera contratado en 2001 por Udalbiltza por ser uno de los responsables de EKIN y ha dicho que le ofrecieron el trabajo por su «conocimiento anterior en la gestión» de la entidad, pues «la conocía desde sus orígenes».
«Yo soy un simple trabajador. Asumo una serie de funciones para coordinar y asegurar que lo que se ha decidido se vaya a cumplir, pero mi posición en Udalbiltza es una posición de mandao», ha aseverado el acusado, que ha añadido que sólo recibía órdenes de los cargos electos miembros del «talde (grupo) coordinador» y no de responsables de ETA.
Oscar Goñi ha relatado que en la asamblea fundacional se decidió dinamizar la elaboración de un documento de identidad vasco (EHNA) porque se sienten miembros de «una nacionalidad vasca» y propusieron iniciativas para conseguir «el reconocimiento de la nacionalidad vasca» por los propios ciudadanos.
Con este extremo ha coincidido Lander Etxebarria, que ha señalado que la creación de Udalbiltza obedecía a la «construcción» de la nacionalidad vasca, y ha negado que la Asamblea tuviera que ver con la constitución de plataformas electorales.
Según el fiscal, que pide entre 10 y 15 años de cárcel para los 20 acusados, estas sociedades fueron creadas para gestionar los fondos que se desviaban desde los 62 ayuntamientos que, al menos en 2002, pertenecían a Udalbiltza (que aportaban, bien el 1 por ciento de sus presupuestos anuales o bien el 1,4 por ciento de sus ingresos ordinarios) y para la captación de subvenciones públicas.
El juicio se reanudará mañana con la declaración de los otros nueve acusados.
