Los dos jóvenes juzgados este miércoles en la Audiencia Nacional por gritar «Gora ETA militarra» y «Euskadi Ta Askatasuna» durante una manifestación autorizada en 2009 han negado los hechos. El único testigo que identificó a Aritz Labiano Zezeaga y Haritz Garatxotenea Iruretagoinea como autores de los gritos ha anunciado antes del juicio que ha sufrido amenazas, por lo que el presidente del tribunal, Angel Hurtado, lo ha declarado testigo secreto y los acusados no podrán conocer su identidad.
Los hechos se produjeron el 26 de septiembre de 2009, durante la conmemoración del fusilamiento durante el franquismo de ‘Txiki y Ataegi’ en Zarautz (Guipúzcoa). El fiscal Miguel Angel Carballo ha elevado hoy a definitiva su petición de un año y medio de prisión para cada uno de los acusados por un delito de enaltecimiento del terrorismo, además de diez años de inhabilitación y cinco en los que se les prohíba vivir en Zarautz. Las defensas, por su parte, solicitan la libre absolución.
El testigo secreto fue también quien denunció los hechos ante la Policía y, a causa de su temor, Hurtado mostró su nombre a los abogados defensores, pero declaró desde una sala contigua y se distorsionó su voz para evitar que pueda ser reconocido. Las defensas por su parte aseguraron que esa situación les impide ejercer su derecho a la defensa.
UNA MARCHA SILENCIOSA
Los dos procesados se negaron a responder a las preguntas de la acusación pública y relataron que acudieron a la manifestación, pero por separado, y que no se encontraron en la misma, negaron tanto haber proferido los gritos como habérselos escuchado a otra persona. Asimismo, calificaron la marcha como «más bien silenciosa».
Además, del testigo que vio y reconoció a los acusados, declaró un agente de la Policía Local que regulaba el tráfico durante la manifestación y escuchó los gritos por parte de «un grupo pequeño, no más de cinco personas», pero estaba de espaldas y no sabe quien los realizó.
Después de que el presidente del tribunal se refiriera al temor del testigo protegido, los familiares y amigos de los acusados se rieron, a lo que el magistrado les ha reprochado que «el temor es algo muy personal, no tiene nada para que los demás se lo tomen de manera risueña» y ha añadido que no le gustaría «tener que desalojar la sala».
ESPERA QUE NO TENGA CONSECUENCIAS
Así, Carballo ha recordado que «se ha facilitado su identidad» a los letrados de la defensa por lo que espera «que no tenga consecuencias para el testigo», no ya concretamente por esos letrados sino «por la experiencia lamentable» que tiene la Audiencia en ese sentido.
Dos testigos aportados por la defensa han confirmado la versión de los acusados y asegurado que, ni estuvieron juntos, ni gritaron nada. Asimismo, reconocieron e identificaron a los procesados en diferentes fotografías en las que aparecían separados uno del otro.
El representante del Ministerio Público ha denunciado que el acto supone «una humillación para las víctimas, que tienen que escuchar a una hora cotidiana, en una vía pública como se enaltece a la banda terrorista que mató a sus familiares y los convirtió en víctimas». A su juicio, ha quedado «suficientemente acreditado, no sólo que sucedió, sino que fueron los acusados».
CONDENA EN SUSPENSION
En este sentido, ha añadido que los acusados no reconocen los hechos porque son conscientes de que no pueden hacerlo al tener una condena en suspensión –nueve meses de prisión cada uno por un delito de desórdenes públicos y otro de desobediencia grave a la autoridad– y conocen de «la relevancia de la acción».
Las defensas, creen que la petición de un año y medio es «excesiva y desproporcionada» por la «falta de justificación» pues, en su opinión, para que se aplique así «tiene que haber una víctima a la que se humille» y aquí no hay nadie concreto y ni tan siquiera se dio publicidad al acto.
En cuanto al testigo secreto, creen que «es evidente que hay una relación entre esas persona y los acusados» porque «los denunció por propia iniciativa y los reconoció», así que «es evidente que los conoce». «Considerarlo secreto priva, por ejemplo, a los acusados a que en la última palabra puedan denunciar una situación de enemistad existente», ha recalcado.
Además, los letrados defensores han alegado que «el Derecho Penal tiene que basarse en pruebas, y en este caso no las hay».
