Los gobiernos de once comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia han exigido al Gobierno central una nueva política en materia judicial con un mayor incremento de jueces y secretarios judiciales frente a nuevos juzgados, así como una política común en la organización y financiación de la nueva oficina judicial.
En este sentido, la consellera de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat valenciana, Paula Sánchez de León, ha informado del acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas de Navarra, País Vasco, Comunitat Valenciana, Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Cantabria, Asturias, Aragón y Madrid, durante la reunión de la comisión de las CCAA con competencias en materia de administración de justicia, que se ha celebrado en Valencia.
Sánchez de León ha destacado que se ha llegado a un «acuerdo fundamental» en la reclamación de soluciones a lo que son las «debilidades y problemas» del sistema de Justicia. Al respecto, han coincidido en señalar que la implantación de la nueva oficina judicial debe ser la respuesta para una justicia «moderna» y adecuada a la actual coyuntura económica.
Las CCAA reclaman la creación de plazas de jueces y secretarios judiciales, así como tribunales colegiados de instancia, jueces de adscripción territorial, jueces de refuerzo y otras fórmulas similares frente a los juzgados tradicionales; también que se vincule de forma directa todos los secretarios judiciales a su ámbito territorial.
Las nuevas oficinas judiciales de 2010 «ya deben acomodarse en la medida de lo posible al nuevo modelo de oficina judicial y eso exige de una interlocución «rápida» con el Ministerio de Justicia, al que han instado a convocar la Conferencia Sectorial el próximo mes de septiembre y que se celebre con «mayor asiduidad».
Asimismo, exigen participar en la gestión de los depósitos y tasas judiciales; al Ministerio le piden que en septiembre de este año les comunique cuándo y cuánto van a recibir en materia de financiación y el procedimiento para hacerlo. Igualmente, reclaman el establecimiento de mecanismos para controlar el gasto público destinado a la justicia gratuita y la apuesta por la desjudicialización y resolución alternativa de conflictos con el objetivo de racionalizar los recursos.
En el documento que se ha consensuado también se pide al Ministerio que cumpla con los acuerdos alcanzados en las reuniones de estas comunidades de Barcelona y Pamplona, especialmente en lo que se refiere a las transferencia de competencias de personal judicial. Además, le han instado a convocar una comisión con representación de las CCAA para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
«FORO ESTABLE»
Por otro lado, Sánchez de León ha destacado que esta es la tercera reunión de los consejeros de justicia –tras los encuentros del 30 de enero de 2009 en Barcelona y el 29 de enero de 2010 en Pamplona–, y ha considerado que este tipo de encuentros «casi de facto» se han constituido en un «foro estable» que desean que continúe para identificar problemas y soluciones comunes en la administración de justicia.
La reunión ha contado con la presencia de los consejeros de Justicia de la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León; de Galicia, Alfonso Rueda; de Canarias, Miguel Ruano; Navarra, Javier Caballero; Madrid, Francisco Granados; Cantabria, José Vicente Mediavilla; y Aragón, Rogelio Silva. Además, han asistido el viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, el director general de Justicia de Asturias, el secretario general de Justicia de Andalucía y el secretario general de Justicia de Cataluña, Joan Xirau.
