La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) criticaron este jueves la reunión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, para estudiar vías legislativas con que devolver a esta comunidad las atribuciones de su Estatuto que el TC declaró inconstitucionales. Tacharon la idea de «irresponsabilidad», «fraude» y «juego de malabares imposible», respectivamente.
En declaraciones a Servimedia, únicamente Jueces por la Democracia (JpD), que se autodefine como progresista, dijo ver «bien» la reunión entre Zapatero y Montilla, porque «una cosa es el plano jurídico, donde el TC ha dicho que determinados preceptos del Estatuto no eran constitucionales, y hay que aceptarlo», y «otra cosa es que en el plano político se puedan promover reformas» en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El portavoz de la APM, Antonio García, subrayó que el TC ha sentenciado que el poder judicial es «único y del Estado» y por tanto ha de ser gobernado por el CGPJ. Por ello, recriminó a Zapatero su «ejercicio de irresponsabilidad absoluto» al «poner en subasta el marco constitucional por una mera cuestión de interés partidista y de conservación del poder», cuando lo que se esperaría de él es que «acatara la sentencia sin matices, ambigüedades ni resistencias».
García criticó que Zapatero esté «dispuesto a abrir un melón negociador para pegar un regate clamoroso al TC» y «darles a los nacionalistas lo que reclaman cual si fueran niños caprichosos». Especialmente cuando los consejos territoriales, a su juicio, no van a solucionar ningún problema de los ciudadanos, que lo que reclaman es un funcionamiento rápido y eficaz de los tribunales.
«El esfuerzo en Justicia no puede ahora centrarse en una cuestión de esa naturaleza, porque eso no es un problema», insistió, sin querer entrar en «un diálogo inoportuno y extraordinariamente absurdo» sobre si los puntos anulados por el TC lo han sido por una cuestión de fondo o porque su regulación no compete a un Estatuto, con lo que los recortes podrían compensarse por ley orgánica.
En un sentido parecido se manifestó desde la AJFV Marcelino Sexmero, para quien devolver competencias por ley orgánica sería «un fraude, una actitud espúrea, una violación de la propia competencia del TC». Por ello, expresó su «absoluto rechazo y crítica a cualquier intento de solventar el problema del Estatuto por una vía distinta, cuando el TC ya ha dicho lo que era constitucional y lo que no».
Sexmero reconoció que algunos puntos del Estatuto se anularon porque éste no puede reformar leyes orgánicas, pero precisó que otros lo fueron por el fondo y, si se incluyeran en una ley, podrían volver a ser recurridos ante el TC. En concreto, atribuir competencias de gobierno de la Justicia a cualquier órgano distinto del CGPJ es «inconstitucional», y «ni el Estatuto ni una ley orgánica pueden» hacerlo.
«MALABARES»
En nombre del FJI, Conrado Gallardo ve el intento de devolver competencias como «un juego de malabares imposible», desde el momento en que la propia vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que sería dentro de la Constitución. «Yo no entiendo cómo, si el TC ha declarado inconstitucional algo, hay un camino para convertirlo en constitucional por ley orgánica», razonó. «Entiendo que es más un deseo o expresión de voluntad de respetar un compromiso político que una realidad».
«La única forma que habría de recuperar esas competencias inconstitucionales es reformar la Constitución», añadió, precisando que el Gobierno podrá dar alguna competencia a la Generalitat, pero «no sería lo mismo» que lo anulado por el TC, sino «algo distinto que sí se ajustaría a la Constitución», porque si no volvería a recurrirse y desestimarse.
Para el portavoz del FJI, «los problemas no eran tanto de forma como de fondo», de tal forma que «ni Cataluña puede arrogarse competencias contrarias a la regulación del Estado autonómico ni España puede darle competencias que no le corresponden según la Constitución».
El portavoz de JpD, José Luis Ramírez, comparte implícitamente esta apreciación cuando matiza que el TC ha dicho que la vía prevista por el Estatuto no es la correcta, «pero eso no quita» para que se haga una reforma de la Ley del Poder Judicial que permita descentralizar competencias a organismos creados por las comunidades autónomas, igual que ahora de hecho las está cediendo a las salas de gobierno de los tribunales. «El TC no ha limitado todas las opciones, sino las que incluye el Estatuto. Pero caben otras», aclaró.
«Todo es saber encontrar la fórmula», apuntó Ramírez, «Hay un proceso de descentralización que ha ido afectando a los medios materiales y personales; ahora se trata de que afecte al gobierno del poder judicial». Para JpD, esto es «positivo porque aproxima la administración al ciudadano», e incluso los consejos territoriales podrían ser la última instancia judicial en las comunidades, siempre respetando la unificación de doctrina por el Supremo. «Eso tampoco está prohibido por la Constitución», aseguró.
Contestando a esta propuesta, Sexmero admitió que «la delegación de competencias es otra cosa», porque reconoce que «el órgano competente es quien es pero delega atribuciones. Una cosa es la facultad de delegar voluntariamente manteniendo la competencia y otra que la competencia sea de origen, como establecía el Estatuto», distinguió.
