La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará este martes si juzgará a los ex responsables de Batasuna Arnaldo Otegi, Rufion Echebarria y Joseba Permacha, y a otros 37 acusados de integración o colaboración con ETA por la presunta subordinación de la formación ilegalizada a la banda terrorista y su financiación a través de las denominadas ‘herriko tabernas’.
Según informaron fuentes jurídicas, las defensas de los 40 procesados en el sumario 35/02, instruido por el juez Baltasar Garzón y el más importante que tiene pendiente la izquierda abertzale, alegan que se debe aplicar el principio de ‘cosa juzgada’, porque el Tribunal Supremo ya ilegalizó Batasuna en 2003, y absolver a los acusados.
La cuestión se dirimirá este martes en una vista del artículo de previo pronunciamiento, que se celebrará a las 10.00 horas abierta al público, y en la que comparecerá como representante del Ministerio Fiscal Pedro Martínez.
SE ENFRENTAN A PENAS DE ENTRE 8 Y 12 AÑOS
La Fiscalía solicita que se imponga una pena de 12 años de cárcel para Otegi, Echebarria y Permach por pertenencia a organización terorrista en grado de dirigentes. Además, pide diez años de prisión para otros 20 miembros de la formación ilegalizada por pertenencia a organización terrorista y para los 17 restantes procesados en la causa, ocho años de prisión por colaboración con ETA.
La investigación de esta causa comenzó tras la detención en abril de 2002 de 11 personas acusadas de desarrollar un plan de financiación ideado por ETA a través de los locales conocidos como ‘herriko tabernas’. El juez Garzón decretó el embargo de 75 de estos establecimientos y su administración judicial.
En su escrito de conclusiones provisionales, presentado el pasasdo mes de abril, el fiscal insiste en que desde 1978 y hasta que Batasuna fuera ilegalizada en marzo de 2003, su «simbiosis» con ETA fue «absoluta». Las diferentes estructuras del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MNVL), afirma, ejecutaron durante esos años y en distintos frentes «una actividad complementaria de apoyo, soporte y cobertura a las estrategias y fines de la organización terrorista, sin las que no hubiera sido posible la subsistencia de ésta».
El pasado mes de noviembre, la Audiencia Nacional acordó el ingreso en prisión de Otegi por esta causa por haber quebrantado las medidas cautelares bajo las que se encontraba, al haber salido del territorio nacional en dos ocasiones para acudir a reuniones en Francia a las que presuntamente también asistieron miembros de la banda.
No obstante, Otegi estaba en prisión desde el 16 de octubre de 2009 por intentar formar una estructura llamada ‘Bateragune’, con la que se pretendía sustituir a Batasuna. El dirigente abertzale estaba en libertad desde octubre de 2006, tras haber cumplido 15 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo. El pasado marzo fue condenado a 2 años de cárcel por su participación en otro homenaje.
Además, de estos tres dirigentes, el fiscal acusa de integración a Karmelo Landa, José Federico Alvarez Forcada, Juan Cruz Aldasoro, Josu Iraeta, Adolfo Araiz, José Antonio Egido, Juan Carlos Rodríguez, Mikel Arregi, Esther Aguirre, Miren Jasone Manterola, Juan Luis Elcoro, Santiago Hernández, Kepa Gordejuela, María Isabel Mandiola, Segundo López de Aberasturi, Anton Morcillo, Florencio Aoiz, Juan Pedro Plaza, Santiago Quiroga y Jon Gorrochategi.
Finalmente, a José Luis Franco Suárez, Maite Amezaga, Joseba Garmendi, Juan Francisco Martínez Betanzos, Ignacio Lizaso, Jaione Intxaurraga, Joseba Imanol Cortázar Pipaon, Rubén Andrés Granados, Enrique Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Bengoa, Idoia Arbelaiz, Izaskun Barbarias, Sabino del Bado, Vicente Enecotegi, Pedro Felix Morales San Sebastián y Andrés Larrea, les atribuye un delito de colaboración con organización terrorista.
El juez Garzón concluyó el sumario 35/02 el 1 de abril de 2008, tras seis años de investigación que buscaban desentrañar los medios de financiación de Batasuna. El magistrado justificó el procesamiento de todos los dirigentes de la formación en la tesis de que Batasuna no sólo forma parte de la organización terrorista ETA como brazo político, «sino como una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, la autodeterminación de la denominada ‘Euskal Herria'».
