La ex presidenta del Consejo de Mallorca y del Parlamento balear, Maria Antònia Munar, se ha desvinculado este viernes de la decisión de fijar un precio máximo de 30 millones de euros en la venta del solar de Can Domenge, ya que este acuerdo fue «evolutivo» y fue finalmente adoptado por el Consejo Ejecutivo. Así, ha negado haber participado en reuniones en las que se abordase este aspecto, aunque sí ha aseverado que estaba de acuerdo con esta cláusula y que, de haber participado en la toma de esta decisión, «la hubiera aprobado».
La ex dirigente histórica de UM ha realizado estas afirmaciones durante su declaración de más de dos horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Mari Carmen González, el fiscal anticorrupción Juan Carrau y varios de los letrados personados en la causa, que investiga si la UTE adjudicataria de los terrenos -integrada por Sacresa y Ferrá Tur- dispuso de información privilegiada frente a las demás empresas licitadoras, al resultar ganadora del concurso por 30 millones de euros, mientras Núñez y Navarro ofrecía el doble.
Tal y como ha defendido la imputada, asistida por el abogado Gabriel Garcías, la finalidad de esta enajenación, además de obtener 30 millones para los presupuestos del Consell del año siguiente, era «hacer algo bonito que no creara rechazo en el vecindario y fuera bien acogido». De este modo es como ha defendido que las bases definitivas del concurso estableciesen, en su cláusula cuarta, que para adjudicar el solar las empresas licitadoras debían presentar un proyecto urbanístico de calidad a impulsar en estos terrenos, en lugar de primar la mayor oferta económica.
Y es en este contexto en el que los consejeros insulares de Economía, Miquel Àngel Flaquer, de Territorio, Bartomeu Vicens, y el ex vicepresidente del Consejo, Miquel Nadal, que «era el coordinador del tema», plantearon a los técnicos, según supone, de qué forma podía enajenarse Can Domenge «para aunar ambas finalidades».
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