Aitziber Ezkerra fue enviada a prisión por Garzón en 2003 por efectuar tareas de traslados de miembros de ETA

Aitziber Ezkerra Segurajauregi, detenida esta madrugada en Hernani (Gipuzkoa) por su presunta implicación en el asesinato de Joseba Pagazaurtundua, en febrero de 2003, fue enviada a prisión en octubre de ese mismo año por el juez Baltasar Garzón, al determinar que efectuó tareas de traslados de los dirigentes etarras Ainhoa García Montero, Ibon Fernández Iradi y Francisco Javier Macazaga, cuando eran liberados y formaban parte del «complejo Donosti».

Ezkerra Segurajauregi fue detenida el 8 de octubre de 2003 en la macrooperación policial contra el aparato de captación de ETA, que supuso la detención de 34 personas en España y Francia.

La operación se saldó con 29 detenidos en España -11 en Gipuzkoa, siete en Bizkaia, uno en Alava, nueve en Navarra y uno en Aragón-, y cinco en Francia.

Los detenidos se encargaban de pasar información a Francia sobre personas que pudieran ser objetivo para ETA, algunas de las cuales ya habían fallecido antes de octubre de 2003 en atentados de la banda terrorista, como el empresario de la patronal guipuzcoana José María Korta, asesinado por el comando Erezuma el 3 de agosto de 2000 en Zumaia (Gipuzkoa).

Esta operación fue posible gracias a la documentación que le fue incautada a Lorena Somoza, presunta responsable del aparato de captación de ETA en Francia, en la que figuraban identidades y domicilios de los que fueron detenidos, así como información sobre objetivos que fue enviada desde España a Francia.

Algunos de los detenidos eran responsables de captación y estaban divididos por zonas, mientras que otros eran personas que ya habían sido captadas para ETA.

La operación, que continuaba otras desarrolladas en febrero y abril de 2003 que se saldaron con 29 detenidos, constituyó un «golpe directo» al aparato de captación e infraestructura de la banda y fue fruto de las investigaciones conjuntas de la Policía judicial francesa y el Cuerpo Nacional de Policía de España. Fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en coordinación con la juez antiterrorista francesa, Laurence Levert.

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