Crece el número de internos de la banda que mediante la firma de un documento expuesto por el Ministerio del Interior se están desmarcando de la disciplina terrorista
Las Fuerzas de Seguridad han detectado ya varios casos, la mayoría en Guipúzcoa, en los que son los propios familiares los que están presionando a los reclusos de ETA para que no se acojan a medidas de reinserción ni soliciten beneficios penitenciarios que en la «izquierda abertzale» pudieran ser interpretados como «claudicación».
Ello, además, porque el Ejecutivo lo «vendería» como un cisma en el seno del «colectivo».
De todas formas, todavía son mayoría las familias que intentan que los reclusos traten de atajar su estancia en la cárcel.
Las fuentes de la lucha antiterrorista -a las que han tenido acceso en exclusiva D. Martínez y J. Pagola del diario ABC– han contrastado una docena de casos, aunque no descartan en absoluto que pueda haber más, o que en un futuro inmediato se puedan ampliar, a la vista de que abundan las informaciones que apuntan a que cada vez son más los reclusos que se quieren desmarcar de la «lucha armada».
Por otra parte, y dado que, al parecer, se trata de un fenómeno conocido recientemente, estos mismos medios no saben a ciencia cierta si estas familias presionan a sus reclusos por iniciativa propia, por temor a quedar mal en sus entornos municipales, marcados por la influencia de los sectores más duros de la «izquierda abertzale», o si, por el contrario, obedecen a consignas de Askatasuna, Etxerat y otros grupos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) que trabajan en el frente carcelario de ETA.
Consignas de Askatasuna
Con todo, el hecho objetivo es que estas presiones de los allegados coinciden con el golpe asestado hace unos meses por la Guardia Civil al grupo de abogados encargados de controlar y mantener la disciplina de los reclusos etarras.
Así pues, de acuerdo con estos medios de la lucha antiterrorista, «no es para nada descabellado pensar que estas familias han podido recibir consignas de Askatasuna y grupos afines para desempeñar el papel que hasta el momento llevaba a cabo esa célula de letrados etarras detenidos».
Cuando se llevó a cabo aquella operación contra el «comando togalari», el Ministerio del Interior ya adelantó que a ETA le iba a resultar extremadamente complicado reorganizar un grupo de abogados de las mismas características, incluso se iba a enfrentar a más difícultades de las que supone sustituir a un «comando» operativo.
Estos letrados llevaban mucho tiempo trabajando con el objetivo de mantener la disciplina entre los internos y tenían acceso directo a los cabecillas en doble dirección de ida y vuelta. Esto es, para trasladar a los jefes información de las cárceles y para llevar a los reclusos las últimas órdenes emanadas del «zuna» -comité ejecutivo-.
A ETA le es más necesario que nunca una célula de estas características, porque en la actual coyuntura crece el número de internos de la banda que mediante la firma de un documento expuesto por el Ministerio del Interior se están desmarcando de la disciplina.
El recurso a estos familiares podría ser, por tanto, táctico a la espera de que la organización criminal se tome un tiempo para crear otro «consulting» de letrados de la muerte tan siniestro como el anterior.
Hasta el momento, recuerdan los medios consultados, lo normal era que Askatasuna y los abogados adscritos a la nómina de ETA asumieran la misión de presionar a los presos, en contra, en ocasiones, del parecer de los familiares que les animaban a acogerse a cuantos beneficios penitenciarios les ofreciera la Administración.
De todas formas, entre los expertos en la lucha antiterrorista tampoco ha causado excesiva sorpresa este cambio, ya que algunos de los familiares de los presos figuran como cabecillas de Askatasuna, Etxerat y grupos afines, encargados de mantener la ortodoxia en el «aparato Halboka».
En algunos de los casos detectados, los familiares han esgrimido ante sus presos la necesidad de no contribuir a la división del «colectivo» en un momento en el que son piezas claves, al igual que el conjunto de la «izquierda abertzale», para forzar un nuevo «proceso de negociación con el Gobierno».
Proceso, dicen, que tendrá como consecuencia, además de la autodeterminación de «Euskalherria», la salida a la calle de todos los presos, con la cabeza bien alta.
Para que cale este discurso, enarbolan la ponencia «Zutik», aprobada tras el último rebate interno de Batasuna, y el acuerdo para la constitución de un «frente independentista»logrado con EA que, dicen, podría extenderse para el próximo otoño a otros grupos que se mueven en la misma órbita.
A Askatasuna y plataformas satélites les resulta muy fácil presionar a estos familiares.
La mayoría de allegados viven en pequeñas poblaciones de la Guipúzcoa profunda, rodeados de un entorno marcado por el abertzalismo más integrista.
Algunos de estos familiares han acudido a «ongi etorris» (actos de bienvenida) tributados a otros presos que han cumplido sus condenas sin acogerse a medidas de reinserción y ahora ellos no pueden pedir a su pariente entre rejas que busque atajos y salga por la puerta de atrás.
Se quedaría sin su «ongi etorri» y con el estigma, de por vida, de «traidor» a la causa. Una auténtica losa muy difícil de llevar en un entorno tan talibán.
