La Audiencia Nacional reanudará hoy el juicio a veinte miembros de la asamblea de electos de Batasuna, Udalbiltza-Kursaal, para los que la Fiscalía pide penas de entre 10 y 15 años de cárcel por los delitos de integración en ETA y malversación de caudales públicos.
Así, durante la quinta sesión del juicio, iniciado el pasado 15 de julio y que está señalado hasta el próximo miércoles, volverán a sentarse en el banquillo los veinte acusados, para los que el fiscal Juan Moral pide diez años por pertenencia a la banda terrorista y solicita otros cinco más para cuatro de ellos -Joseba Mikel Garmendia, Loren Arkotxa, Xabier Alegría y Xabier Iragorri- por malversación de fondos públicos.
Inicialmente eran 22 los procesados, pero en la primera jornada de la vista la Audiencia Nacional dictó una orden de busca y captura contra Charles Etxecaharreta, que no compareció ante el tribunal, y absolvió a Miriam Campos al entender que ya ha sido juzgada y cumple condena por el delito de integración en ETA del que era acusada.
Además de las penas de prisión, el representante del Ministerio Público reclama que se decrete la clausura definitiva de las entidades Udalbiltza-Kursaal, Udalbiltza Partzuergoa y Euskal Garapen Eta Cohesio Fondoa, «sus locales y establecimientos, la disolución de las mismas, y la prohibición de realizar actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase que fueren».
Estas sociedades fueron creadas para gestionar los fondos que se desviaban desde los 62 ayuntamientos que, al menos en 2002, pertenecían a Udalbiltza (que aportaban, bien el 1 por ciento de sus presupuestos anuales o bien el 1,4 por ciento de sus ingresos ordinarios) y para la captación de subvenciones públicas.
Sin embargo, durante las sesiones anteriores, los acusados aseguraron que la entidad «no seguía directrices» de ETA, aunque algunos admitieron que buscaba el «reconocimiento» de la nacionalidad vasca, y otros incidieron en que la entidad era «plural» y que entre sus objetivos no estaba el de buscar la construcción de un «gobierno paralelo con sus ministerios».
Por otra parte, la Audiencia Nacional juzgará el jueves a los presuntos miembros de la organización ilegalizada Segi Eneko Ostolaza y Borja Oregi, para los que el fiscal Daniel Campos solicita cuatro años y medio de prisión por un delito de daños terroristas y pide que indemnicen al Ayuntamiento de Markina-Xemein (Vizcaya) con 6.380,20 euros.
Los hechos por los que les acusa ocurrieron a las 2:00 horas del 23 de septiembre de 2006, cuando los dos se dirigieron al juzgado de esta localidad, en cuya puerta Oregi depositó una garrafa de gasolina, tras lo cual su compañero arrojó un artefacto incendiario provocando un incendio que «destruyó las puertas exterior e interior» y afectó a las paredes y techos del inmueble.
