El juez de instrucción número 1 de Madrid ha dado traslado al Tribunal Supremo la querella que presentó el sindicato Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el director del Boletín Oficial del Estado (BOE), Fernando Pérez Sánchez, entre otros, por un presunto delito de falsedad en documento público relativo a la incorporación de una corrección de errores en el BOE.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 acuerda su inhibición de la querella a favor del alto tribunal, ya que «carece de competencia» para investigarla, al ser la Sala Segunda del Supremo la que debe encargarse de la instrucción de las causas contra el presidente y miembros del Gobierno.
En un primer momento, el sindicato presidido por Miguel Bernard presentó una denuncia ante los juzgados de Madrid contra el director del BOE por un presunto delito de falsedad documental, después de que el Diario Oficial publicara una corrección de errores del artículo 14.2 del decreto ley de medidas para la reducción del déficit público. En concreto, se rectificó la disposición relativa a la prohibición a los ayuntamientos a endeudarse a largo plazo para financiar inversiones.
El Juzgado de Instrucción número 1 abrió diligencias previas sobre este asunto, pero Manos Limpias amplió y modificó la denuncia a finales del pasado mes de julio para incluir en la ya querella al presidente del Gobierno; la vicepresidenta primera; el vicepresidente tercero, Manuel Chaves; la ministra de Economía, Elena Salgado, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.
En su querella, el sindicato denuncia la «modificación encubierta» del Real Decreto, que el Gobierno ejecutó «dado el descontento de las corporaciones locales y previa la realización de diversas gestiones» de Pedro Castro ante Chaves, hasta que «se logró el beneplácito y anuencia» del presidente del Gobierno, la vicepresidenta y la ministra de Economía.
De esta manera, «bajo la cobertura de una simple corrección de errores» acometió «una modificación sustancial de lo aprobado en Consejo de Ministros», sin que se dictara un nuevo Real Decreto Ley, para lo que hubiese sido necesario convocar un nuevo Consejo de Minsitros.
El sindicato considera que se trata de un delito de falsedad en documento público, ya que los querellados «realizaron actos tendentes a acreditar que en el Consejo de Ministros del 20 de mayo de 2010 se aprobó realmente que las entidades locales no podrían endeudarse desde el 1 de enero de 2010, si bien que por error se habría publicado en la edición del día 24 de mayo del BOE que la limitación comenzaba desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto Ley», todo esto a pesar de saber que «la rectificación de un elemento sustancial» debía hacerse en un nuevo Real Decreto Ley.
Manos Limpias solicita que se llame a declarar en calidad de imputados a todos los querellados y pide también la declaración testifical de varios periodistas que escribieron sobre este asunto. El Tribunal Supremo deberá pronunciarse ahora sobre la admisión a trámite o no de la querella.
