El juez Fernando Grande-Marlaska ha rechazado someter a un careo a los dos ex jefes del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Alejandre Sintes y Félix Sanz Roldán por considerarlo innecesario para aclarar las irregularidades en la contratación del Yak-42, siniestrado en mayo de 2003 en Turquía.
Así lo ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional en un auto en el que ha accedido a practicar nuevas actuaciones solicitadas por la Asociación de Familiares del accidente de Turquía del Yak-42 (AFATY) y por otro grupo de familias representadas por la abogada María Ángeles López.
En concreto, pedir al Ministerio de Defensa que documente la financiación del vuelo en el que murieron 62 militares españoles.
De esta forma, pide a Defensa, a la Agencia de Mantenimiento y Apoyo de la OTAN (NAMSA) y a la contratista del Yak 42, Chapman Freeborn, toda la cadena de contratación y subcontratación y sus movimientos económicos referidos al vuelo siniestrado el 26 de mayo de 2003, y a los 44 anteriores en los que viajaron las tropas españolas en distintos aparatos ex soviéticos.
No obstante, ha rechazado tomar declaración a 46 personas -22 de ellas militares-, así como someter a un careo al ex jefe del Estado Mayor de Defensa (JEMAD) entre 2003 y 2004 Alejandre Sintes y su sucesor hasta 2008 Félix Sanz Roldán para que aclaren si llegó al entonces ministro de Defensa Federico Trillo una queja del teniente coronel Javier Marino sobre las deficiencias del Yakolev, tal y como le solicitó el grupo de familiares.
Recuerda que «los hechos objeto de imputación no son otros que el fallecimiento de distintos militares españoles, pudiendo conformar una comisión de distintos delitos de homicidio por imprudencia grave».
Sin embargo, según Grande-Marlaska, adolece de «significación cualquier testifical como las instadas, no pudiendo convertirse la instrucción en la celebración de un hipotético juicio oral, debiéndose decir lo propio de la diligencia de careo dada su misma excepcionalidad», y añade que «debería concluirse» en una posible vista.
Para el magistrado, «las mismas razones de impertinencia y falta de necesidad» justifican no pedir otros documentos al Ministerio de Fomento, al Centro Nacional de Inteligencia y al juzgado de Zaragoza que llevó la vía civil del caso, entre otros.
Todas estas diligencias se enmarcan dentro de la causa que investiga Grande-Marlaska para averiguar si se cometieron irregularidades en la contratación del avión, y en la que están imputados cinco altos mandos militares de un delito de homicidio por imprudencia grave.
Se trata de los que fueron Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá, y Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta Manella; el jefe de la división de operaciones del EMACON, José Antonio Martínez, y otros dos responsables de este departamento: Joaquín Yáñez y Alfonso Elías.
En la otra causa en la que se dividió la investigación penal del accidente se depuraron las responsabilidades por la identificación errónea de los cadáveres de 30 de los militares españoles fallecidos y la Audiencia Nacional condenó el pasado 19 de mayo a tres años de prisión al general ya fallecido Vicente Navarro y a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez, penas que fueron finalmente suspendidas por el tribunal.
