El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, han coincidido hoy en advertir a ETA de que no habrá retrocesos en la lucha contra el terrorismo y que el último comunicado de la banda no supone ninguna novedad.
Este ha sido uno de los mensajes que tanto Dívar como Conde-Pumpido han lanzado durante sus discursos en el acto de apertura del Año Judicial, presidido por el Rey, en el que uno y otro han defendido la independencia de los jueces y el trabajo de los fiscales en la lucha contra la corrupción.
Así, el presidente del Tribunal Supremo, ante las numerosas autoridades políticas y de la Justicia que han asistido al acto, ha asegurado que la contribución de la Audiencia Nacional y del TS para eliminar esta lacra «sigue manteniendo el impulso que reclama nuestra sociedad, sin posibilidad de retroceder ni un milímetro».
En similares términos se ha pronunciado Conde-Pumpido al afirmar, tras el comunicado en el que ETA anunció un alto el fuego, que «digan lo que digan los terroristas y quienes los apoyan», la novedad es que no hay novedad.
Dívar ha aprovechado también para pedir que no se ponga en cuestión la labor de los jueces y de los tribunales, porque la Constitución es la que legitima democráticamente al juez y la que lo coloca al mismo nivel de los demás Poderes.
Ha añadido que el descontento provocado por la actuación de los Tribunales en casos concretos «a veces trasciende el ejercicio del derecho a la crítica de las instituciones públicas para cuestionar, desde bases jurídico-políticas no siempre sólidas, la legitimidad democrática de nuestro modelo de juez».
Dívar ha aludido así, aunque sin citarlas expresamente, a las acusaciones de politización que en los últimos meses ha recibido el Tribunal Supremo por los procedimientos abiertos contra el juez Baltasar Garzón.
También se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, en la que, según ha recordado, se reconoce al CGPJ como «único órgano de gobierno de los jueces y magistrados» y ha pedido prudencia para acometer la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que encomendará la instrucción a los fiscales.
Dívar recogía así las opiniones expresadas con ocasión de la apertura del Año Judicial por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), así como por los magistrados independientes que el pasado mes de marzo impulsaron el «Manifiesto por la despolitización de la Justicia y la independencia judicial» que fue suscrito por 1.500 jueces de toda España.
Estos últimos han denunciado que las reformas a las que se ha referido Dívar «pretenden un asalto a la independencia del poder judicial sin parangón», mientras que la APM ha asegurado que con ese tipo de iniciativas «parece como si el problema fuera el juez y fuera posible solucionarlo sin su concurso» .
El resto de las asociaciones, tanto de jueces como de fiscales, hicieron público ayer un comunicado conjunto en el que criticaban el gasto que suponen los actos de apertura del Año Judicial y la «discriminatoria» rebaja de sus retribuciones aprobada por el Gobierno, «muy superior» a la de otros empleados públicos y «nada acorde» con su responsabilidad.
Por otra parte, el fiscal general ha reclamado durante su intervención a todas las fuerzas políticas y sociales «la confianza y el apoyo unánime de todos los demócratas honestos» al trabajo arduo e imparcial de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en la lucha de la corrupción.
Asimismo, ha considerado que la corrupción «no se vincula a una u otra formación política», sino al «abordaje ególatra y lucrativo del poder por parte de sujetos o grupos que sólo militan en su propio afán depredatorio y en el desprecio de la legitimidad democrática».
Conde-Pumpido ha iniciado y finalizado su intervención recordando las palabras pronunciadas por el monarca durante su proclamación en 1975: «Que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere una ventaja o un privilegio».
Al acto han asistido autoridades como la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño; y los portavoces de Justicia de los distintos grupos parlamentarios, entre otros.
