El Tribunal Supremo celebrará hoy una vista para revisar la condena a 28 años de prisión que impuso la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo a los etarras Zigor Bravo y Juan Carlos Subijana por haber proporcionado la información necesaria para el atentado perpetrado por la banda terrorista el 22 de octubre del año 2000, que acabó con la vida del funcionario de prisiones Máximo Casado en Vitoria.
La sentencia dictada en su día por la Audiencia Nacional destacó la «especial repugnancia que genera por su especial perversidad» que uno de los informadores fuera vecino de la persona asesinada y que el atentado se ejecutara «en las instalaciones comunes» que compartían, «aprovechando el conocimiento que genera esta especial relación de vecindad».
Según el relato de hechos probados por la sentencia ahora recurrida, Bravo entregó «información precisa» a Subijana –por quien fue captado– acerca del funcionario de prisiones, en concreto sobre sus circunstancias personales, su dirección, su vehículo y la ubicación de la plaza de garaje, facilitándole incluso una llave de acceso al mismo.
Esta información, que Bravo obtuvo porque sus padres vivían en el piso inmediatamente superior al del funcionario de prisiones, fue entregada por Subijana a otros miembros de ETA, que colocaron una bomba lapa en los bajos del coche de Máximo Casado, que le provocó la muerte en el acto.
La Audiencia impuso a los encausados una pena 25 años de cárcel como autores de un delito de asesinato terrorista en grado de cooperación necesaria, así como otra de tres años de cárcel por daños terroristas. Además, les condenó a indemnizar con 400.000 euros de manera conjunta y solidaria a la viuda de la víctima, María Concepción Jaular, y con otra cantidad idéntica a su hija, Suleika Casado Jaular. También les impuso la prohibición de aproximarse y comunicarse con ambas durante cinco años y la de acudir a la localidad de Vitoria o al lugar de residencia de estos familiares en este tiempo.
