Francisco Rodríguez Pendas, que fue asesor técnico del diputado de regional Alberto López Viejo cuando éste trabajaba en la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, ha responsabilizado a los directores generales de las consejerías del Ejecutivo autonómico de la contratación que se realizaba con las empresas comandadas por el ‘cerebro’ del ‘caso Gürtel’, Francisco Correa.
Así lo ha manifestado durante su declaración ante el magistrado Antonio Pedreira, quien le imputa los delitos de participación en la trama, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secreto, falsedad documental, malversación de caudales públicos, uso de información privilegiada, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
A su llegada a las dependencias judiciales, Rodríguez Pendas ha ocultado su rostro con un casco y unas gafas para evitar ser captado por los fotógrafos y las cámaras. De igual modo, escondiendo su cara, ha abandonado el TSJM.
Pese a la cantidad de delitos que se le imputan, el magistrado ha acordado no tomar ninguna medida cautelar contra él. En la comparecencia, Pendas se ha negado a declarar, pero ha leído un escrito en presencia del magistrado instructor y de las partes asistentes en el que reconoce haber actuado siempre dentro de la legalidad.
Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que Rodríguez Pendas ha asegurado al leer el escrito que seguía órdenes de López Viejo y ha insistido que la contratación en las consejerías de la Comunidad de Madrid dependía de los directores generales de cada departamento.
IMPUTACION DE DIRECTORES
Según estas fuentes, las manifestaciones del ex asesor de López Viejo vendrían a respaldar la decisión del PSM de solicitar la imputación de 45 personas de la Comunidad de Madrid, entre ellos varios directores generales. La petición de imputación está relacionada con las personas de la Comunidad de Madrid que autorizaron o consistieron con su firma un fraccionamiento de las facturas de los actos organizados por diferentes consejerías a sabiendas de la ilicitud de su conducta.
Según el PSM, estas prácticas consistían en el encargo por parte de los órganos de contratación administrativa a las empresas Diseño Asimétrico SL., Good&Better SL., Easy Concept Comunicación SL. y Servimadrid SL. de diversos actos de protocolo o representación, «buscando para justificar la contratación de procedimientos ilegales tendentes a conseguir que la contratación por cada una de las facturas no superase los límites permitidos a los denominados contratos menores de servicios».
Esta solicitud dio lugar a que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, interpusiera una querella en los Juzgados contra el secretario general del PSM, Tomás Gómez, por denuncia falsa. Así, el consejero denunció que el PSOE pretendía así extender «una sombra de sospecha» sobre estas personas, «en su mayoría funcionarios y que han hecho su trabajo con total rectitud». La querella no fue admitida a trámite.
