El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el ingreso en prisión de cuatro de los 19 detenidos en la Comunidad de Madrid en la operación desarrollada por la Policía Nacional contra una presunta red de financiación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En un auto hecho público hoy, el juez también ha decretado prisión eludible bajo fianza de entre 10.000 a 80.000 euros a siete de los detenidos y ha dejado en libertad a otros ocho arrestados.
En la operación, la Policía detuvo la semana pasada a un total de 41 personas en varias provincias españolas por un presunto delito de blanqueo de más de 200 millones de euros procedente del narcotráfico con destino a las FARC.
El resto de los detenidos en otras comunidades autónomas no pasarán por la Audiencia Nacional, sino que serán interrogados por el juez Ruz por exhorto en los respectivos juzgados territoriales.
Según el juez, la «cabecilla» del grupo era Jenny Alexandra Fasce, quien se encargaba de remitir a Colombia los beneficios obtenidos de la venta de droga en Europa por parte de organizaciones de ámbito internacional vinculadas con las FARC, que después destinaba el dinero a sus actividades terroristas.
La líder de la organización se encargaba personalmente de recoger el dinero en diferentes puntos de España como Madrid, Barcelona, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria, Cubelles (Barcelona) o Cunit (Tarragona).
Uno de estos lugares era el poblado chabolista de la Cañada Real en Madrid, donde Jenny Alexandra Fasce presuntamente recibió dinero del conocido como «Clan de Los Ratones».
La operación tiene su origen en agosto de 2008, cuando el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) detectó un incremento de transferencias desde España hacia Colombia y Ecuador.
Estos giros no seguían el patrón típico que realizan los inmigrantes que trabajan en España y que de forma periódica envían dinero a sus familiares en sus países de origen.
Esto hizo sospechar a la Policía que bandas del narcotráfico pudieran estar utilizando las entidades de envíos de dinero para remitir a Colombia los beneficios de las ventas de cocaína en España.
La organización, compuesta principalmente por ciudadanos colombianos y ecuatorianos, funcionaba en España al menos desde 2007, gracias a una extensa red de agentes y colaboradores.
Parte del dinero era enviado a través de un locutorio de Leganés (Madrid), aunque la mayoría de las transferencias se realizaban a través de la empresa «Telegiros S.A.».
Los investigadores consideran que algunos de los trabajadores de esta empresa eran perfectamente conocedores de que se estaba cometiendo un blanqueo de capitales, así como del origen ilícito de los fondos.
Uno de los beneficiarios de las transferencias en Colombia era Juan Manuel Gómez Buitrago, a quien se relaciona con «La masacre de concejales en Rivera» cometida por las FARC.
Gómez Buitrago tiene además varios procesos pendientes por delitos de homicidio, lesiones, terrorismo, rebelión, concierto para delinquir y lesiones.
Por todo ello, el juez considera que las FARC pudiera ser la destinataria del dinero transferido a Colombia y la propietaria de la cocaína vendida en Europa como «fuente de financiación» de sus actividades terroristas.
