PSOE y PP tiene prácticamente cerrado un acuerdo para acortar de nueve a seis años el mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Senado, de manera que su renovación coincida en tiempo con la del Congreso de los Diputados.
Según aseguraron a Servimedia fuentes parlamentarias, el pacto puede aprobarse esta misma tarde en una reunión que la ponencia para la reforma de la Ley Electoral tiene convocada en la Cámara Baja a las 17 horas.
Socialistas y populares vienen dialogando desde hace tiempo sobre la posibilidad de cambiar la duración del mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional para evitar que, en su renovación, vuelva a producirse un bloqueo como el que se ha vivido durante los dos últimos años.
Los cuatro magistrados que el Senado nombró para el Tribunal Constitucional agotaron su mandato en otoño de 2007, por lo que llevan casi tres años de más en el puesto para el que fueron nombrados.
El reciente acuerdo entre PSOE y PP va a permitir nombrar a cuatro nuevos magistrados en el Senado. En noviembre, caducará también el mandato de los cuatro jueces del Constitucional nombrados por el Congreso, para lo que ambos partidos ya han empezado a negociar.
Con la reforma que socialistas y populares tienen casi cerrada, las sucesivas renovaciones de magistrados del Tribunal Constitucional designados por el Senado y el Congreso coincidirían en el tiempo, lo que a priori simplificaría el diálogo y haría más fácil el consenso entre los dos grandes partidos.
Las fuentes consultadas aseguraron a Servimedia que el contenido de este acuerdo ha sido fraguado personalmente por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y por el líder de la oposición, Mariano Rajoy.
No obstante, la reforma se plasmará a través de una enmienda de CiU a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) que se está tramitando en la Cámara Baja.
Al parecer, el propio Zapatero telefoneó hace unos días al portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, para pedirle que se sumara al acuerdo y pusiera los medios de su grupo parlamentario a disposición de la reforma.
Sólo falta que el resto de los grupos parlamentarios que participan en la ponencia para la reforma de la Loreg secunden los cambios. De ese modo, se incorporaría a la reforma legislativa y podría aprobarse en el Congreso de los Diputados antes de final de año.
