Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente han coincidido en expresar que la investigación que ha anunciado que emprenderá el Gobierno de Hugo Chávez sobre la actividad de ETA en Venezuela, «pretende generar una duda» y «obstaculizar» la investigación del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco sobre la actividad de los terroristas en el país latinoamericano. Además, piden al Gobierno, junto a la Asociación Profesional de la Magistratura, que exija la «colaboración» de este país y que se respete el trabajo «independiente» del juez de la Audiencia.
Según ha indicado a Europa Press el portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia (AJpD), José Luis Rodríguez, la investigación venezolana «pretende generar una duda» sobre las diligencias que han establecido los jueces españoles y ha defendido su investigación al señalar que «no hay ninguna duda sobre la regularidad del procedimiento en España».
Como ha explicado, existen «suficientes garantías para asegurar que una persona no está siendo objeto de coacciones, vejaciones o torturas», como insinuó el embajador venezolano en España, Isaías Rodríguez, el cual afirmó que la confesión de los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance había sido «arrancada irregularmente» por parte de la Guardia Civil.
Aristain y Besance, detenidos el pasado miércoles, reconocieron haber recibido entrenamiento en el país que dirige Hugo Chávez, aunque no ratificaron su testimonio ante el juez Ismael Moreno, quien les tomó declaración. El portavoz de AJpD ha manifestado que las declaraciones de Venezuela sobre que los etarras fueran torturados son «políticas, desorbitadas» y carentes de «indicios sólidos».
En este sentido, también se ha pronunciado que el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, que, si bien ha considerado que el problema con Venezuela está en un «ámbito estrictamente diplomático», la investigación paralela también está «poniendo en duda» la actuación de la Justicia española y ha recriminado que el embajador haya arremetido «fuera de tono» contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, hecho que considera «intolerable».
«MUY DIFICIL» REBATIR LA INVESTIGACION ESPAÑOLA
«En principio, los datos publicados en España parecen bastante claros, contundentes y obvios, y va a ser muy difícil que puedan rebatir esto», ha apuntado Gallardo sobre la investigación venezolana anunciada por el Ejecutivo de ese país. Asimismo, Gallardo cree que Venezuela «es un país que ha decidido amparar acciones terroristas y obstaculizar cualquier investigación al respecto», por lo que ha expresado que el Gobierno de España debería «exigir una investigación rápida y seria» y «facilitar que los órganos españoles puedan investigar».
El portavoz del Foro Judicial también ha mostrado su rechazo a que el Gobierno español se conforme «con una respuesta tan evasiva y tan poco clara como la que ha dado Venezuela», y cree que la actitud de Chávez «puede interpretarse como un desprecio al Estado español», aunque no a la Justicia, pues la investigación la ejerce en su ámbito de jurisdicción.
EXIGEN QUE EL GOBIERNO PIDA «COLABORACION»
Por otro lado, otros colectivos como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no han entrado a valorar si la investigación venezolana pone en duda el procedimiento español, si bien han coincidido en pedirle al Gobierno que exija «colaboración» judicial a Venezuela. Según ha indicado su portavoz, Antonio García, «hay que pedir que Venezuela colabore en el esclarecimiento de esos hechos».
«Pedimos que el Gobierno, en lo que se refiere a investigaciones desarrolladas por jueces españoles, tiene que respaldar la actuación de esos jueces», ha subrayado García, que ha llamado al Gobierno a «defender» ante Venezuela «la investigación de un juez que se rige por criterios de independencia». Sin embargo, ha aclarado que esto «no significa invadir espacios que no le corresponde».
PROCEDIMIENTO «LOGICO»
Por último, el representante de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha recordado que Chávez «es un presidente legítimo y en su país puede hacer las investigaciones que crea oportunas». «Es muy parecido a lo que sucedía en Francia hace 20 años», ha recordado aludiendo a la colaboración franco-española en la lucha antiterrorista.
Sexmero ha añadido que «cuando hay una acusación sobre alguien que es funcionario del Gobierno de Venezuela y que puede consentir, e incluso financiar determinadas actuaciones de miembros de ETA, es lógico», ha indicado en referencia al ex etarra Arturo Cubillas, miembro del Gobierno de la República de Venezuela y acusado por Velasco como organizador de la actividad de los terroristas.
