La Fiscalía de Granada y el Tribunal de Cuentas investigan los supuestos cobros ilícitos de los funcionarios públicos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que elaboraron peritajes encargados por el instructor de la causa para el juicio de la tramitación irregular del Centro Comercial Nevada de Armilla, que se prolongó del pasado 20 de abril al 27 de mayo.
Las diligencias han sido abiertas a raíz de la denuncia interpuesta por el ingeniero Miguel Angel Gallardo Ortiz, administrador único de la empresa de Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) Sociedad Limitada Unipersonal, que considera que, al menos, dos administraciones son responsables de los pagos y los cobros de los peritos: de los primeros la Junta de Andalucía y de los segundos la propia UPM.
Según entiende el denunciante, los funcionarios públicos con dedicación completa «deberían aceptar los nombramientos de oficio propuestos por juzgados sin cobrar cantidad alguna que no esté bien justificada como gasto» pero «en ningún caso» como «honorarios o sobresueldos», y «menos aún» remunerados por las partes.
En los escritos presentados ante el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas, a los que tuvo acceso Europa Press, Gallardo Ortiz hace alusión a la noticia publicada en el diario ‘Ideal’ de Granada el pasado 17 de marzo, en el que se informa de que «La Junta de Andalucía debe 186.000 euros a los peritos del caso Nevada», y señala que los hechos «son tan graves que merecen un enjuiciamiento contable con nombramiento de delegado instructor y un procedimiento de reintegro por alcance en el Tribunal de Cuentas».
De hecho, insta al propio Tribunal de Cuentas a que requiera al Juzgado de lo Penal 3 de Granada, que enjuició el caso, toda la documentación relevante sobre los nombramientos y, en su caso, honorarios solicitados y cobrados por peritos funcionarios públicos; que reclame información sobre la contabilidad pertinente a la Junta de Andalucía sobre tal reclamación y pago; que se solicite a la Secretaría General de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) toda la documentación y contabilidad sobre peritajes judiciales realizados por sus funcionarios públicos; que se pida igualmente informe a la Oficina de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Estado para la Pública sobre cuanto sea de su competencia en esta materia y que se inste a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a que inspeccione los pagos a funcionarios públicos «más celosamente».
