La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha puesto reparos a la reforma electoral que promueven PSOE y PP, según la cual los concejales de partidos ilegalizados perderán su puesto si no condenan a ETA quince días después de que se proceda contra su formación política.
José Luis Ramírez, portavoz de JpD, dijo a Servimedia que su asociación no hace una valoración �ni negativa ni positiva» de esta reforma, pero destacó �la gran complejidad técnica que encierra una regulación de estas características».
Ramírez señaló que espera a conocer la «redacción concreta» de la reforma planteada, ya que «puede afectar a la libertad ideológica y también a las funciones para las que ha sido elegido democráticamente».
Añadió que es complicado privar de su puesto público a «una persona que ha sido elegida democráticamente, contra la cual no se dirige un proceso penal y a la que se le está pidiendo una declaración de voluntad», en referencia a la condena a ETA.
El representante de JpD insistió en que �la propia Constitución prevé el derecho de toda persona a no declarar sobre su ideología, religión o creencia».
