El juicio del caso ‘Malaya’, contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), continuará esta semana con las últimas exposiciones de cuestiones previas por parte de las defensas de los acusados y con la contestación a estas alegaciones por parte del ministerio fiscal y de las demás acusaciones personadas.
Así, está previsto que los abogados terminen de exponer sus alegaciones previas al enjuiciamiento este lunes y que en esa misma sesión comience la Fiscalía Anticorrupción a contestar a las cuestiones que han ido planteando todas las defensas desde que se iniciara el juicio oral, el 27 del pasado mes de septiembre.
El martes día 26, según ha previsto el presidente del Tribunal, José Godino, será el turno de que se pronuncie el resto de las acusaciones, esto es, el Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía y la Agencia Tributaria. Previsiblemente, la Sala responderá a algunas de las cuestiones previas planteadas mediante un auto.
Los abogados han centrado sus cuestiones previas en criticar la instrucción desde su comienzo, alegando que se produjeron vulneraciones de derechos fundamentales. La mayoría de las defensas se han referido a la actuación del primer instructor del caso, Miguel Angel Torres, entendiendo que con este procedimiento se vulneraron las normas de reparto.
Así, han entendido que se vulneró «lo más importante, que es la Constitución, la madre de todo», por lo que han pedido la nulidad total o parcial del proceso, según los casos, principalmente de las escuchas telefónicas y de los registros, por falta de motivación, así como de las detenciones, que entendieron «innecesarias», criticando la utilización de la prisión para «arrancar confesiones».
En las sesiones de la pasada semana, varios letrados pusieron en duda la cadena de custodia de los documentos intervenidos en los registros, sobre todo de los archivos informáticos de la empresa Maras Asesores, donde aparecen anotaciones contables de presuntos cobros y pagos a través de iniciales o acrónimos que la instrucción ha asociado a algunos procesados.
En este sentido, aseguraron que en ese registro «estando el sumario secreto, no se adoptaron las medidas pertinentes para que el copiado se efectuara con criterios de neutralidad e imparcialidad y con las suficientes garantías técnicas». Por todo esto, ha considerado que la cadena de custodia «ha sido rota».
En este contexto, en la sesión del miércoles se realizó en la propia Sala una demostración práctica, consistente en el visionado de las fechas de grabación y modificación del CD-Rom que contiene las anotaciones de Maras y en introducir nuevas iniciales en dicho archivo informático.
Tras practicar esta prueba, la defensa del acusado que había solicitado la demostración concluyó que «no hay garantías de que las anotaciones de los archivos Maras no pudieran ser alteradas por nadie», apuntando que el soporte informático estuvo «más de cuatro meses fuera de la custodia judicial». Así, pidió la nulidad del CD- Rom que contiene estas anotaciones.
También una de las defensas ha cuestionado la competencia de la Sala en favor de la Audiencia Nacional y ha estimado que debería haberse tramitado la causa por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Asimismo, los letrados han solicitado a la Sala «limpieza mental y física» a la hora de atender a las argumentaciones de los letrados.
La que luego se ha conocido como operación ‘Malaya’ llevó por primera vez en la historia democrática en España a la disolución de un ayuntamiento. Se inició el día 29 de marzo de 2006 con el arresto tan sólo ese día de una veintena de personas, aunque el número de detenidos se elevó hasta más de 100.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 30 años de prisión y multa de 810,78 millones de euros para el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que acusa de los delitos de blanqueo continuado cometido en el ámbito de una organización, en la que éste es el supuesto «jefe»; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal considera que el que fuera inicialmente asesor de Urbanismo de Marbella creó una «verdadera organización, que bajo su dirección gestionaba y administraba su patrimonio como si de una empresa se tratara» para «encubrir la titularidad de bienes ilícitamente obtenidos y poder disfrutar de los mismos sin riesgo».
Así, se estima que el blanqueo de fondos imputables al principal acusado «asciende a un montante, en cifras redondas, de 240 millones de euros» y sostiene que «ha conseguido amasar en los últimos años un patrimonio muy importante», diversificado en sectores como el agrícola, ganadero, hotelero e inmobiliario, «coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento».
La acusación pública indica que los fondos que supuestamente Roca aplicaba a los sobornos de munícipes y empleados municipales venían «de los pagos que hacían los distintos promotores y empresarios». El procedimiento era «negociar con aquellos que estuviesen dispuestos a abonarle la contrapartida económica», bajo el compromiso de «incluir la nueva configuración urbanística pactada en el documento de revisión del planeamiento», lo que provocó «un urbanismo a la carta».
