La pareja de dirigentes etarras Mikel Albisu, «Mikel Antza», y María Soledad Iparraguirre, «Anboto», tenían un «papel preponderante en la cúpula de la organización terrorista cuando fueron arrestados en octubre de 2004, según el acta de acusación contra ellos leída hoy en París.
«Mikel Antza» era el «líder político» de ETA y como tal «participaba en las decisiones estratégicas» que tomaba en el seno del comité ejecutivo junto a los otros jefes de los principales aparatos, de acuerdo con la acusación presentada en la segunda jornada del juicio del Tribunal de lo Criminal de París.
También participaba en la gestión contable de la banda, aunque las responsabilidades de esas tareas recaían en «Anboto», que era la «responsable del aparato financiero» y desde ese puesto «aparecía directamente vinculada con las operaciones de extorsión» de empresarios vascos y navarros para el cobro del conocido como «impuesto revolucionario».
De hecho, según las pruebas recogidas por los investigadores tras el arresto de la pareja en Salies de Béarn (suroeste de Francia) el 3 de octubre de 2004, ella misma se ocupaba de elaborar algunas de las cartas que se enviaban para coaccionar a los empresarios y que pagaban.
En la casa de Salies de Béarn que la pareja ocupaba desde junio de 1999 junto a su hijo -nacido en 1996 en Toulouse, cuando ambos ya llevaban muchos años en la clandestinidad-, se halló en diferentes soportes informáticos una relación de los ingresos de la estructura de extorsión «Gezi» y para el año 2003 había conseguido cobrar 1.064.195 euros.
A partir de esos soportes, los investigadores concluyeron que la pareja había dirigido en 2004 una serie de cambios en la estructura de ETA, que había supuesto en particular la creación de dos nuevos departamentos, uno de «militantes» para hacer el seguimiento de los etarras dentro de la organización, y otro de «servicios».
Al frente de este último, que incorporó la estructura de chantaje para el cobro del «impuesto revolucionario», se colocó Iparraguirre, que ya era la tesorera de la banda desde comienzos de los años 2000.
Junto a «Mikel Antza» y «Anboto» (ambos de 49 años), el otro gran protagonista de este juicio es Juan Cruz Maiza Artola (59 años), acusado como responsable de los cinco escondites con arsenales de armas y explosivos de ETA que se descubrieron en la misma operación policial del 3 de octubre de 2004 en el País Vasco francés.
Maiza, que se ocupaba de los escondites de la banda desde la caída en septiembre de 2001 del entonces jefe de la logística, Asier Chapartegi, también había supervisado el arsenal confiscado en julio de 2002 en las Landas, por el que también está imputado.
Este etarra capturado en julio de 2007 en Rodez (sur de Francia) tenía bajo su control en torno a 2.000 kilos de diferentes explosivos, miles de detonadores y de metros de cordón detonante, 88 proyectiles anticarro MECAR, dos misiles tierra-aire, decenas de metralletas, fusiles de asalto, pistolas y munición.
Albisu e Iparraguirre están acusados de diversos cargos, como el de ser dirigentes de una organización terrorista, y podrían ser condenados a un máximo de 30 años de cárcel en este proceso, programado hasta mediados de diciembre.
De los diez que se sientan en el banquillo (cuatro de los siete propietarios de donde estaban los escondites de arsenales comparecen libres), dos ya han sido condenados previamente por su relación con ETA: Maiza e Iparraguirre.
El primero fue condenado en rebeldía en julio de 2005 a nueve años de cárcel y a su expulsión de Francia, mientras la segunda acumula tres penas, dictadas igualmente en rebeldía, a cinco años de prisión cada una y a su expulsión definitiva del territorio francés.
Durante la audiencia programada esta tarde se prevé el inicio del «interrogatorio de personalidad» de los encausados, donde se les solicita información sobre sí mismos.
