La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en los juzgados de Madrid una querella contra el ex presidente de la constructora Metrovacesa Joaquín Rivero, al que acusa de un presunto delito de uso de información privilegiada.
En concreto, Anticorrupción acusa a Rivero de aprovechar esta información privilegiada �para comprar las acciones de Metrovacesa por medio de sociedades de las que era el beneficiario último y obtener así un beneficio ilícito de 2.801.900 euros�, según señala la querella, firmada por el fiscal Alejandro Luzón.
El ex presidente de la constructora habría incurrido con esta práctica en un delito de uso de información privilegiada, previsto con penas que van de los cuatro a los seis meses de prisión en el artículo 285 del Código Penal.
Anticorrupción inició sus investigaciones, que han dado lugar a la presentación de la citada querella, tras recibir una comunicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La querella ha sido presentada ante el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid.
ACUERDO DE VENTA DE ACCIONES
A mediados de noviembre de 2005, el consejero de Metrovacesa, Luis Portillo, comunicó al también consejero Román Sanahuja y al por entonces presidente Joaquín Rivero su intención de desprenderse de su paquete de acciones de la sociedad.
Se iniciaron entonces diversas negociaciones entre Portillo y Sanahuja para la fijación del precio que, en la primera quincena de diciembre de 2005, cerraron en 57,5 euros por acción. Sanahuja comunicó entonces a Rivero su decisión de comprar la mayoría del paquete accionarial de Portillo.
Rivero decidió entonces adquirir el resto del paquete accionarial a Portillo por ese mismo precio a través de la sociedad Quimafa Investment, una sociedad luxemburguesa de la que era propietario al 100 por cien.
En ejecución de lo convenido, tanto Sanahuja como Rivero se reunieron el día 24 de diciembre de 2005 en Sevilla con Luis Portillo y firmaron el acuerdo, que no se hizo público el día 30. �Rivero decidió aprovechar en su propio beneficio esta información, a la que había tenido acceso y contribuido a generar, a sabiendas de que, una vez hecha pública, elevaría la cotización de las acciones de la compañía�, señala el escrito de la Fiscalía.
Entre el 24 de diciembre de 2005, fecha en que se firmó el contrato de compraventa, y el 30 de diciembre, día en que se difundió esta información, Rivero preparó cuatro operaciones que se contrataron el 29 de diciembre y por las que Metrovacesa vendió un total de 617.500 acciones de su autocartera a diferentes entidades financieras.
Con posterioridad a la difusión del acuerdo, dichas entidades transfirieron las acciones a las sociedades Quimafa y Eusko Levantear �al precio anteriormente convenido más una comisión, en todos los casos muy por debajo del precio de mercado, que había ascendido tras la divulgación de la información privilegiada�.
Rivero era en esas fechas �el beneficiario económico último de ambas sociedades, beneficiándose así de la diferencia de precio, al pagar por las acciones menos de su valor y ocultar o, al menos, dificultar, el seguimiento de la operación�.
La Fiscalía Anticorrupción destaca además en su querella que en el procedimiento de investigación llevado a cabo por la CNMV tendente a demostrar la vinculación entre la sociedad Eusko Levantear y Rivero �se han descubierto operaciones consistentes en movimientos de efectivo y entre cuentas bancarias que resultan compatibles con posibles conductas de blanqueo de capitales�.
