Las familias entregan mañana a Marlaska la sentencia civil, que considera a las empresas responsables del accidente

Los familiares de los 62 militares españoles que fallecieron en mayo de 2003 al estrellarse el avión Yak-42 en el que volvían de una misión en Afganistán entregarán mañana, viernes, la sentencia civil dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que mantiene imputados a cinco altos cargos del Ejército por la contratación del vuelo.

En un comunicado remitido este jueves, los familiares destacan que la resolución debe dar «un nuevo impulso» a la causa que instruye Grande-Marlaska, que es la única que permanece abierta después de que el Tribunal Supremo confirmara en marzo de este año la condena de tres años de cárcel que impuso la Audiencia Nacional al general Vicente Navarro por falsear la identidad de 30 cadáveres.

La sentencia civil recoge que la compañía aérea Ukranian Mediterranean Air (UM Air), la contratista del vuelo Chapman Freeborn y la aseguradora Busin Joint son responsables del vuelo del Yak-42, que se estrelló en un monte cercano al aeropuerto de la ciudad turca de Trabzon.

De igual modo, destaca que el aparato no contaba con un sistema mejorado de alarma de proximidad al terreno denominado EGPWS a pesar de que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establecía que su uso era «obligatorio». «Se habría infringido una medida de seguridad contraria a una buena praxis profesional», señalan los familiares.

MAYOR TIEMPO DE REACCION

A juicio de un perito propuesto por los familiares de las víctimas, con el dispositivo que debería haber llevado el Yak-42 el tiempo de reacción de la tripulación se habría elevado de entre 5 y 8 segundos hasta medio o un minuto, lo que habría permitido «evitar una colisión con tierra».

Estos datos desvelan, a su entender, que la compañía propietaria del Yak-42 carecía de «una política de seguridad eficaz y ajustada a la normativa internacional», lo que les lleva a señalar que «hay responsabilidad por dolo, no sólo por los actos de sus empleados, sino propia de la compañía aérea».

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza rechazó este miércoles el recurso de apelación interpuesto por las empresas responsables del vuelo contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 62 que les había condenado, al tiempo que elevó la indemnización que había concedido a una víctima.

Los dos principales imputados en la causa sobre la contratación del avión son el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuye «todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas»; y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que considera «responsable de la contratación» del aparato.

También están siendo investigados el jefe de la División de Operaciones del EMACON y del Grupo de Control del Contrato, contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; y el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.

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