La Sala de la Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el etarra Arturo Cubillas Fontán por el asesinato de José Angel Facal cometido en 1985 porque pese a existir «indicios racionales de criminalidad», los hechos que se le imputan han prescrito.
En un auto notificado este viernes, la Sala coincide con el juez Pablo Ruz y el fiscal Carlos Bautista, que rechazaron acordar la busca y captura internacional así como solicitar a Venezuela la extradición de Cubillas al considerar prescrito el asesinato perpetrado por ETA el 26 de febrero de 2985 en Pasajes (Guipúzcoa).
La Sala, formada por los magistrados Fernando García Nicolás (presidente), Julio de Diego López y Enrique López, remarca que existen indicios «suficientes» como para pedir la apertura de juicio oral contra el miembro de la banda terrorista. Entre ellos, destaca las declaraciones de José Angel Aguirre y Ramón Zapirain, quienes integraron junto con Cubillas e Idoia López de Riaño el ‘comando Oker’ al que se atribuye el asesinato de Facal.
Pese a los indicios de criminalidad, la Sala precisa que no procede la apertura de juicio oral al «estar los hechos prescritos» dado que ha transcurrido «con exceso» el plazo máximo de 20 años desde que se dictó el auto de procesamiento el 12 de noviembre de 1985 en esta causa. Añade que desde entonces no se ha producido ninguna resolución judicial que interrumpa la prescripción.
Según el auto, la situación de rebeldía de Cubillas se decretó en 1986 y seis años después el fiscal solicitó a Interpol que se dejaran sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión dictadas contra el procesado al «no existir elementos probatorios suficientes». En abril de 1992 se acordó el archivo provisional de la causa contra Cubillas.
«El episodio revela la inequívoca voluntad del entonces representante del Ministerio Público de no dirigir ni reabrir el procedimiento, sino, incluso, retirar las órdenes de detención vigente y que posibilitarían, de ejecutarse, una reapertura de la causa frente al procesado», indica el auto, que agrega que el «interés» por parte del Estado de «no renunciar al castigo y perseguir el delito decayó» cuando, desde julio de 1986, la única actuación ha sido la de solicitar sin efecto la orden internacional contra Cubillas.
El fiscal Carlos Bautista ya manifestó hace unos días que no cabía atribuir el efecto interruptivo a órdenes de busca y captura para la localización de los acusados, declaraciones de rebeldía ni la expedición de las correspondientes requisitorias.
El juez Pablo Ruz reabrió el procedimiento, que había sido archivado en 1992, con la intención de instar al Gobierno de España a que pidiera a las autoridades de Venezuela la extradición por esta causa, que se sumaría a la realizada por su colega Eloy Velasco por la imputación de Cubillas en la investigación sobre las supuestas relaciones entre ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Hugo Chávez.
Cubillas, actual jefe del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela (INTI), fue procesado por este asesinato junto a los etarras Idoia López Riaño, ‘La Tigresa’; José Angel Aguirre y Ramón Zapirain, todos los cuales constituían el ‘comando Oker’.
‘La Tigresa’, detenida en Francia en 2001, fue condenada a 27 años de cárcel como autora material del asesinato, mientras que a Aguirre y Zapirain se les impusieron cuatro años de cárcel por el robo del vehículo utilizado en el atentado. El funcionario de la Administración venezolana no pudo ser sometido a la acción de la justicia por encontrarse en situación de rebeldía.
PRESCRIPCION FORMAL
Cubillas Fontán, principal imputado en la causa instruida por el juez Velasco, tenía pendientes otras dos causas en la Audiencia Nacional aunque ambas han sido declaradas prescritas de forma oficial, según fuentes fiscales. Se trataría de otros dos asesinatos atribuidos al ‘comando Oker’: el del ciudadano francés Joseph Couchot, cometido el 16 de noviembre de 1984 en Irún (Guipúzcoa), y el del policía nacional Máximo García Kleinte, ocurrido en San Sebastián el 15 de mayo de 1985.
El ‘comando Oker’ se constituyó en 1984 como ‘comando legal’ de ETA y estuvo activo durante año y medio hasta que la Policía capturó en octubre de 1985 a José Angel Aguirre, poco después de perpetrar un atraco a una entidad bancaria.
