Los catorce acusados de integrar desde 1996 hasta 2000 un grupo dedicado a la violencia callejera en San Sebastián, para los que el fiscal pide penas de entre 4 y 12 años de prisión, han negado cualquier tipo de relación con esos grupos y la mayoría han asegurado que sus circunstancias personales han variado.
Así lo han manifestado en el juicio que se sigue contra ellos ante la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y después de que el presidente del tribunal aplazara ayer la vista hasta hoy tras deducir testimonio al letrado Zigor Reizabal, que abandonó la sala después de que no alcanzar un acuerdo de conformidad con el fiscal Luis Barroso.
Todos los acusados se han desvinculado de cualquier grupo que realizara actos de «kale borroka» y han querido poner de manifiesto que desde 1996 hasta ahora han variado sus situaciones personales, laborales y sociales.
El fiscal Luis Barroso imputa un delito de integración en banda armada a ocho de ellos: Ibon Toledo, Aitor Abanda, Aitor Domezain, José Antonio Astigarraga, Gorka Iruretagoiena, Garikoitz Mendizábal, Lartaun Rodríguez y Beñal Etxart, para los que pide seis años de cárcel
Para Toledo y Abanda reclama además seis años de cárcel como «promotores» de un delito de depósito de sustancias inflamables y explosivas, del que también acusa como «cooperadores necesarios» a Miren Agurtzane Zubiaurre, Francisco Gabriel Isasa, José Ángel Catalán, Francisco de Asís Rodríguez, Josetxo Ibazeta y Fernando Bert, para los que pide cuatro años de prisión.
Según el fiscal, los componentes del talde utilizaban como lugar de reunión el inmueble ocupado por la asociación cultural «Herria» situada en el número 14 de la donostiarra calle de Juan de Bilbao, donde guardaban «numerosa documentación, publicaciones y propaganda de diversas organizaciones de la izquierda abertzale y de ETA».
Ese local, explotado como taberna por «Herria» y en la que trabajaban Toledo y Abanda, tenía una dependencia en la planta baja restringida al público que era usada por la Junta Directiva de la asociación, que la formaban los acusados Zubiaurre (presidenta), Bert (secretario), Isasa (vicepresidente), Catalán (tesorero), Rodríguez, Ibazeta y García (vocales.)
Los acusados que formaban la Junta directiva de «Herria» han explicado que en el local celebraban sus juntas y reuniones y han confirmado la existencia del cuarto de la planta baja, si bien han dicho que por allí «pasaba mucha gente» y cualquiera pudo acceder al mismo, mientras que el resto de los procesados han negado cualquier relación con la asociación cultural.
Además de estos catorce acusados, también debía sentarse en el banquillo Aitor García Justo, que no ha comparecido ante el tribunal ya que está preso en Francia, cuyas autoridades lo entregaron a España en junio de 2009 de forma temporal durante tres meses para ser juzgado por una veintena de actos de «kale borroka».
El juicio continuará los días 2 y 3 de diciembre.
