La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha condenado a cinco miembros de un grupo organizado dedicado al robo de vehículos, que eran modificados para darles apariencia legal; y a la falsificación de matrículas y documentación de los coches, que, posteriormente, eran vendidos a terceras personas para el desarrollo de actividades delictivas.
Según la sentencia dictada de conformidad entre la acusación y las defensas, los vehículos eran sustraídos en la Costa del Sol y eran trasladados a la localidad sevillana de Lora del Río, donde eran modificados, tras lo que eran colocados en el mercado por un hombre, que tenía su propio grupo delictivo, investigado en un juzgado de Madrid.
Esta estructura desarrolló su actividad entre junio y octubre de 2006 y cada miembro tenía una labor, según señala la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se precisa que la organización contaba con medios técnicos para sus actividades delictivas, como instrumentos utilizados para decodificar y anular sistemas de seguridad de los coches.
Así, el acusado que estaba al frente de la estructura, de nacionalidad búlgara, seleccionaba los vehículos y sustraía algunos personalmente, y, a veces, conducía el coche que protegía el traslado a Lora del Río. Este acusado ha sido condenado, tras conformarse, a una pena de un año de prisión por un delito de asociación ilícita y otros dos años de cárcel por robo continuado.
La que fuera su pareja sentimental, de la misma nacionalidad, hacía labores de vigilancia y ha sido condenada a un año de cárcel por asociación ilícita; mientras que el hombre de confianza del presunto cabecilla, un español, era el principal ejecutor de los robos y ha sido condenado a un año de prisión por asociación ilícita y dos años por robo continuado.
Asimismo, han sido condenados otros dos acusados, uno de nacionalidad argelina, que «actuaba de forma ocasional» con la estructura y que se conformó con un año de cárcel por delito de receptación; y otro, de nacionalidad búlgara también, que ha sido condenado por un delito de robo con fuerza a la pena de siete meses de prisión.
Los hechos se pusieron de manifiesto en el curso de las investigaciones desarrolladas por uno de los grupos de la Sección Greco de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado de la Comisaría General de la Policía Judicial y, en especial, a raíz de las conversaciones telefónicas grabadas de los teléfonos utilizados por los acusados.