La Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado abrir diligencias penales de investigación ante la situación creada por los controladores aéreos.
Según ha acordado la mañana de este sábado la fiscal superior del TSJC, Teresa Compte, la situación puede ser constitutiva de un delito del artículo 20 de la Ley de navegación aérea.
Por ello, se han dado las ordenes pertinentes a las fuerzas de seguridad a los efectos de la investigación.
El Gobierno ha decretado este sábado el estado de alarma, «de acuerdo con lo establecido en la Constitución», por primera vez en Democracia, ante la «situación insostenible» que originada por el «colectivo insensato» de los controladores, según ha señalado el vicepresidente primero del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Según la normativa, serán castigados con pena de prisión los miembros de la tripulación de aeronaves o empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia contra el Comandante o Jefe respectivo.
