La Fiscalía no recurrirá la puesta en libertad de los abogados de presos

La Fiscalía no recurrirá la puesta en libertad de los abogados de etarras Arantza Zulueta, Iker Sarriegui y Jon Enparantza, para los que la Audiencia Nacional dictó este jueves prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros, al considerar que «llevan mucho tiempo en prisión» y que las medidas cautelares que se les han impuesto son «suficientes» para asegurar su sometimiento a la acción de la Justicia.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio Público que han descartado la posibilidad de presentar un recurso de súplica contra los tres autos dictados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en los que se justificaba que la situación de «arraigo social» de los imputados, a los que se atribuye un delito de integración o colaboración con organización terrorista, aminoran el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

Las citadas fuentes también han destacado la proporcionalidad de las medidas cautelares adoptadas por el tribunal para evitar la sustracción de los imputados a la acción judicial, en referencia a la obligación de cumplir comparecencias semanales, la imposibilidad de salir del territorio nacional y la entrega de sus pasaportes en el plazo de 24 horas desde su puesta en libertad.

El fiscal del caso, Luis Barroso, se opuso por escrito a las tres peticiones de libertad aunque en la vista en la que el tribunal analizó los recursos puso de relieve que los imputados llevaban siete meses y medio en prisión, planteamiento «en gran medida diferente al evacuado por escrito», tal y como recogía el auto correspondiente a la situación procesal de Arantza Zulueta.

Los tres letrados fueron encarcelados el pasado 19 de abril por orden del juez Fernando Grande-Marlaska por actuar como correos entre la dirección de la banda y sus presos. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, les había calificado además de «comisarios» de la organización terrorista.

EXTORSION Y SEÑALAMIENTO DE OBJETIVOS

Marlaska envió a los letrados a la cárcel, así como a los trabajadores de sus despachos Saioa Aguirre Arauco y Naia Zuriarrain Mendiguren, por considerar que entre las funciones que realizaban se encontraban intermediar en la «gestión y cobro» del ‘impuesto revolucionario’ e informar sobre posibles objetivos como el presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñigo Urkullu, otros dirigentes de la formación nacionalista y tres escoltas de cargos públicos.

También acordó, tras más de siete horas de interrogatorios, la libertad de Juan María Jáuregui Zalakain y Asier Etxabe Azkue bajo fianzas de 30.000 y 12.000 euros, respectivamente, e impuso comparecencias judiciales a Erramun Landa Mendibe y José Luis Gallastegui Lagar.

Los tres abogados han permanecido en prisión siete meses y medio. Fueron arrestados el pasado 14 de abril junto a otros nueve acusados de integrar un grupo (H-Alboka) que servía como nexo de unión entre las cárceles y la dirección de ETA en Francia. Ninguno de los arrestados en aquel operativo permanece en la cárcel.

Con esta operación al sector más duro del entorno de la banda se dio por desarticulado el frente de abogados que, según el Ministerio del Interior, actuaban como «comisarios» de los terroristas. El propio ministro Alfredo Pérez Rubalcaba señaló que su misión era la de prestar información sobre objetivos, facilitar la huida de etarras, captar nuevos militantes, gestionar el cobro de la extorsión o velar por el cumplimiento de la ortodoxia de la banda en las prisiones.

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