El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha solicitado formalmente al Ministerio de Justicia la creación de una oficina encargada de coordinar las denuncias por el robo de niños desde el franquismo hasta principios de los años 80, así como la adopción de normas reglamentarias precisas que faciliten la investigación de los hechos en vía administrativa.
En el documento remitido al departamento de Francisco Caamaño, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional relata el contenido de la reunión que mantuvo el pasado 22 de noviembre con representantes de la Plataforma «Grupo de Afectados de Clínicas de toda España en la Causa de Niños Robados», a los que manifestó que este asunto «revestía importantes dificultades técnico-jurídicas» para considerar a la Audiencia Nacional competente en este asunto.
La investigación administrativa, según propone Zaragoza al Ministerio, debería permitir recabar de los diferentes archivos públicos y privados «cuantos documentos estén relacionados con tales actividades ilícitas y puedan contribuir a esclarecer las circunstancias acaecidas en cada uno de los casos que se identifiquen fehacientemente como sustracción de menores recién nacidos, falsificación de documentos para simular su fallecimiento y entrega ilegal a otras familias».
CIENTOS DE CASOS POR INVESTIGAR
En su reunión del pasado me de noviembre, la Plataforma expuso al fiscal jefe de la Audiencia la existencia de cientos de casos relativos a la sustracción de niños recién nacidos en diversas clínicas, a cuyos progenitores se les comunicaba su fallecimiento, y que eran entregados a otras familias previa falsificación de los documentos necesarios.
Los casos se produjeron, según la documentación que ha recabado la Plataforma, en un periodo que se sitúa desde los primeros años de la dictadura franquista y los primeros años de la democracia (1940-1980).
En el curso de la entrevista, según informa Zaragoza a Caaamaño, la Plataforma manifstó que el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid había acordado la inhibición de un procedimiento abierto por tales casos a favor de la Audiencia nacional. Esta cuestión penal no ha tenido aún entrada en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según ha confirmado este martes el propio fiscal jefe, por lo que su departamento no ha podido informar sobre la posible competencia de la Audiencia Nacional para aceptar la inhibición del juez de Madrid.
No obstante, en la entrevista Zaragoza ya comunicó a los representantes de la Plataforma que la Audiencia Nacional tiene un catálogo de competencias legalmente previsto que no puede ser alterado ni interpretado extensivamente, que se recoge en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Disposición Transitoria de la ley orgánica 4/88 en cuanto a los delitos de terrorismo, y que en tales preceptos no se incluyen los delitos que se denuncian.
Igualmente, según detalla el fiscal jefe a Justicia, se informó que dada la antigüedad en la comisión de los hechos delictivos estaríamos en presencia de conductas presumiblemente prescritas, por lo que no cabría la exigencia de responsabilidades penales a los posibles culpables.
LAGUNA EN LA LEY DE MEMORIA
Según el fiscal Zaragoza, como esta situación no está contemplada específicamente en la ley 52/07 de diciembre de la Memoria Histórica,»ni siquiera para aquellos casos en los que resulte acreditado que la sustracción de menores a sus progenitores se enmarca en un plan de represión por motivos ideológicos o políticos diseñado por el régimen franquista, donde se establecen medidas administrativas destinadas a la localización de fosas, exhumación de restos e identificación de los mismos repecto a las personas desaparecidas y asesinadas en la Guerra Civil en la posguerra bajo el régimen franquista».
«Es de estricta justicia la necesidad de atender las peticiones de estos colectivos, ya que son muy numerosos los casos acreditados», continúa Zaragoza en su escrito, «y de satisfacer sus pretensiones mediante la aprobación de las normas legales y reglamentarias precisas». El fiscal adjunta a su escrito copia del CD y documentación que le fue entregada por los responsables de la Plataforma.
BASE DE DATOS DE ADN
Durante el encuentro, el grupo de familiares advirtió al fiscal de las cerca de 300 denuncias que han recibido por esta causa desde hace más de un año y han solicitado una base de datos de ADN para localizar a sus allegados.
Tras la reunión, de una hora de duración, los representantes de los afectados mostraron su satisfacción por la posible puesta en marcha de esta oficina que, a su juicio, facilitará el acceso a la información y acabará con las trabas que ahora encuentran como consecuencia de la Ley de Protección de Datos.
«Cualquier paso es importante, la Audiencia Nacional servirá de motor para posibilitar esta oficina de ayuda a los afectados», destacó Mar Soriano, que busca a su hermana desaparecida en 1964 y que ha destacado que la plataforma tiene acreditados casos de niños robados de hasta 1986.
