El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita a las autoridades de Cuba la extradición activa del etarra José Angel Urtiaga acusado de un delito de colaboración con banda armada terrorista en el marco de la causa de la Audiencia Nacional que investiga la relación entre ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Venezuela.
Según explica el Ministerio de Justicia en una nota de prensa, los hechos que fundamentan la solicitud de extradición estriban en que el reclamado es sospechoso de participación en actividades de entrenamiento y adiestramiento en el uso de artefactos explosivos con bombas.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco propuso al Gobierno que solicitara esta entrega el pasado 3 de noviembre. El magistrado consideraba que Urtiaga, alias ‘Josean’, ‘Garrutxu’ o ‘Tobaneku’, actuó como máximo responsable del colectivo de etarras en Cuba entre 1984 y 1998 y se dirigió a la banda terrorista en dos cartas en las que solicitaba permiso para que integrantes de organización «experimentaran» en Venezuela con artefactos explosivos.
Las misivas, que incluían también información sobre la situación del colectivo etarra en la isla, fueron incautadas en marzo de 1999 en París a los dirigentes de ETA José Javier Arizcuren Ruíz, ‘Kantauri’, José Ignacio Herrán Bilbao y Jon Mirena Sampedro Blanco.
El juez invocaba en su el Tratado de Extradición entre España y la República de Cuba, firmado en 1905, y recuerda que el mes de febrero se dictó orden de busca y captura contra el miembro de la banda terrorista. Añadía que había tenido conocimiento reciente del domicilio de Urtiaga en La Habana.
Velasco destacaba que los compromisos internacionales adoptados por el Gobierno cubano después de 1905 –año en el que aún no estaba tipificado el delito de terrorismo– obligarían a las autoridades de La Habana a responder positivamente a la solicitud. «La colaboración entre ETA y las FARC ha posibilitado la confección y mejora de nuevos explosivos usados por ambas bandas terroristas», ponía de manifiesto el juez.
El auto hacía también referencia a la firma por parte de Cuba del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas en 1997, que serviría de respaldo para la entrega de Urtiaga.
CITADOS A DECLARAR LA PROXIMA SEMANA
Velasco ha citado a declarar para el próximo 14 de diciembre a Urtiaga y al también miembro de ETA Arturo Cubillas Fontán para que declaren como procesados en la causa en la que se investiga la supuesta colaboración entre ETA y las FARC.
El magistrado rechazó la personación de los dos etarras en la causa en la que están procesados, lo que les impedirá acceder a las diligencias contenidas en el sumario. El instructor sostiene que Cubillas y Urtiaga se encuentran «en situación de sustracción a la acción de la justicia y en búsqueda y captura», ya que al no haberse «presentado personalmente» ante el juez, incumplen «el principio de sujeción al procedimiento» que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que en su artículo 118 establece que «toda persona a la que se le impute un hecho punible podrá ejercer el derecho de defensa».
El juez Velasco procesó a los etarras Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta (ya fallecido), José Angel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. A todos ellos les imputa un delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos, y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.
Este último delito es atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango por colaboración con banda armada.
