La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha impedido que las acusaciones puedan exigir al juez Baltasar Garzón el pago de las costas que generó su investigación sobre los crímenes del franquismo en el juicio que se celebrará próximamente contra el magistrado.
Los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, presididos por Juan Saavedra, han decidido rechazar las pretensiones de las acusaciones ejercidas contra Garzón por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, según consta en un auto notificado hoy.
Las acusaciones habían solicitado al Alto Tribunal que, antes de la celebración del juicio contra Garzón, recabase los datos necesarios para determinar lo que costó al Estado la investigación llevada a cabo por el magistrado sobre los crímenes del franquismo. Manos Limpias y Libertad e Identidad pretendían reclamar al magistrado en la vista oral el pago de estos costes en concepto de responsabilidad civil.
Los magistrados del Alto Tribunal señalan que Manos Limpias y Libertad e Identidad ejercen la acusación popular, que les capacita para el ejercicio de la acción penal �pero no para el ejercicio de la acción civil derivada del delito, que sólo puede ser ejercitada por el ofendido o por la Fiscalía�.
�Al carecer la acusación popular del tal acción civil, no es pertinente la práctica de pruebas para determinar la cuantía de una indemnización que no está facultada a solicitar�, señala el auto hecho público hoy.
PRUEBAS DE GARZÓN
La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha decidido en cambio admitir para el juicio las demás pruebas solicitadas tanto por las acusaciones populares como por la Fiscalía, consistentes en la declaración de Garzón y en varias documentales.
Los magistrados del Alto Tribunal han rechazado en cambio varias de las pruebas solicitadas por Garzón para el juicio. Entre las pruebas rechazadas destaca la declaración en la vista oral de Carlos Jiménez Villarejo, ex jefe de la Fiscalía Anticorrupción.
El auto de la Sala de lo Penal indica que �no se aprecia que su testimonio guarde relación con el delito de prevaricación que ha sido objeto de acusación�. El Alto Tribunal también ha rechazado varias de las pruebas documentales solicitadas por Garzón, entre ellas los informes elaborados por la asociación francesa Medel y el dictamen elaborado por Kai Ambos para el Max Planck Institut de Alemania.
�Los documentos se refieren a situaciones producidas en los países citados o bien porque se trata de dictámenes sobre cuestiones jurídicas, que no pueden ser objeto de prestación y prueba ante un tribunal�, señala la resolución.
Los magistrados admiten sin embargo la declaración de varios de los testigos propuestos por Garzón pero advierten de que su declaración deberá �versar sobre los hechos objeto de enjuiciamiento y no podrá referirse a cuestiones jurídicas�.
TRES CAUSAS PENDIENTES
La Sala de lo Penal debe ahora fijar una fecha para la celebración del juicio contra el juez, que en la actualidad se encuentra trabajando como asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional tras haber sido suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Manos Limpias y Libertad e Identidad pedirán 20 años de inhabilitación para el magistrado al acusarle de un delito de prevaricación.
Además del proceso por los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimientos: por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del «caso Gürtel» y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsable del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.
