La Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han salido en defensa de los fiscales, magistrados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que conducen investigaciones relativas a casos de corrupción pública frente a los «ataques» y «estratagemas de descalificación» que están sufriendo en los últimos tiempos. Han advertido de que estas conductas pueden ser constitutivas de delito y de que sus responsables deberán ser «perseguidos».
«Este tipo de conductas requieren especial seguimiento y sus responsables deberán ser perseguidos penalmente cuando sean constitutivas de delito», han reclamado las tres asociaciones en un comunicado conjunto, en el que han alertado de que este «sucio fenómeno» está alcanzando «cotas preocupantes de contumacia y niveles de perfidia» hasta el momento desconocidos y hasta el punto de que ciertos comportamientos pueden ser «claramente constitutivos de ilícitos penales».
«Ni el derecho de defensa, ni una mera apariencia de ejercicio de la libertad de expresión o de información pueden amparar la mentira, la coacción o la lesión de la dignidad personal y profesional de jueces y fiscales que ejercen su función con imparcialidad y desde la independencia y la autonomía que la ley respectivamente les atribuye», han subrayado.
ESTRATEGIA DE INTIMIDACION
En esta línea, han argumentado que cuando las investigaciones afectan a «determinados estamentos del poder público, económico o social» se promueven «campañas de ataque directo» contra los fiscales, jueces y miembros de las Fuerzas de Seguridad, a quienes han querido trasladar su «solidaridad» y «apoyo».
Para las tres asociaciones, la «estrategia de intimidación, insidia y despiste» tiene como objetivo deslegitimar la actuación procesal o «amedrentar» a sus responsables en el desempeño de su función. «Dossieres, seguimientos, medias verdades o mentiras completas se entremezclan en tal estrategia de intimidación, insidia y despiste», concluye la nota.
