Los negociadores del PP y del PSOE se enfrentan esta semana a su última oportunidad para llegar en un plazo razonable a un acuerdo y pactar la renovación del Tribunal Constitucional, que acumula un retraso de más de tres años. De fracasar, la designación de los nuevos magistrados se retrasaría al menos hasta febrero.
Después de que populares y socialistas llegasen al pasado 21 de diciembre, fecha que se habían puesto como límite, sin alcanzar un acuerdo para designar a los cuatro nuevos magistrados del Constitucional que deben ser elegidos por el Congreso de los Diputados, ambos partidos tienen la oportunidad de hacer un �último esfuerzo� esta semana para tratar de cerrar un pacto que no les obligue a retrasar aún más la renovación.
Fuentes de la negociación explicaron a Servimedia que, de alcanzarse el acuerdo, los partidos tratarían de convocar un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para proclamar oficialmente a los nuevos magistrados, aunque esta posibilidad parece en principio complicada ya que los diputados se encuentran de vacaciones y muchos de ellos fuera de Madrid.
Populares y socialistas tampoco cierran la puerta a la posibilidad de convocar un pleno extraordinario en enero, pero esta opción también se antoja complicada ya que es mes de vacaciones parlamentarias.
EL FACTOR LÓPEZ
A todos estos impedimentos hay que sumarle un factor clave: las posiciones entre PP y PSOE siguen pareciendo irreconciliables, principalmente en torno al posible nombramiento del juez de la Audiencia Nacional Enrique López.
El PP no renunciará a su pretensión de nombrar a López para que ocupe uno de los despachos del Tribunal Constitucional, según explicaron a Servimedia fuentes del partido.
De hecho, los populares consideran que el culpable del bloqueo en la renovación del Constitucional es el PSOE, quien se opone tajantemente a nombrar a López. Los socialistas consideran que el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no cumple los requisitos exigidos para ser magistrados del Constitucional.
El equipo negociador socialista en el Congreso de los Diputados, encabezado por el portavoz de la Cámara, José Antonio Alonso, entiende que López no cumple con el requisito de haber ejercido la profesión de juez más de 15 años. En cambio, los populares, liderados en las negociaciones por Federico Trillo, creen que su candidato cumple con esta exigencia y califican la actitud de los socialistas de �veto intolerable�.
En el seno del PP hay incluso algunas personas que señalan que el veto del PSOE a López podría derivarse de una supuesta enemistad personal de Alonso hacia su candidato. Las presuntas malas relaciones podrían tener su origen en las desavenencias que protagonizaron durante la etapa que compartieron en el CGPJ, entre 2001 y 2008, e, incluso, en el hecho de que ambos tienen su origen familiar en León.
MENSAJE A ZAPATERO
Las fuentes consultadas señalaron que el PP ha llegado a enviar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un requerimiento para que medie en las negociaciones. Este mensaje le fue transmitido a través del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien también participa en las negociaciones.
Los populares no descartan medidas más contundentes si el PSOE mantiene su veto a López, unas acciones que podrían pasar por buscar los defectos profesionales de los candidatos socialistas y hacerlos públicos.
López también protagonizó los desencuentros entre ambos partidos durante las negociaciones para el nombramiento de los cuatro magistrados del Constitucional que debía designar el Senado. El PP decidió finalmente renunciar a este candidato pero dos comunidades autónomas gobernadas por los populares, La Rioja y Madrid, decidieron presentar un recurso ante el propio Constitucional.
A pesar de que ambos partidos esperaron con expectación el pronunciamiento del Constitucional para poder fijar sus posiciones, la decisión del tribunal, dada a conocer el pasado 1 de diciembre, no resolvió las incertidumbres.
Los magistrados del Constitucional decidieron no admitir a trámite los recursos por un defecto formal, por lo que no entraron a valorar el fondo del asunto, es decir, si López cumplía o no los requisitos para poder formar parte del tribunal. En concreto, el Constitucional entendió que el Parlamento de La Rioja y la Asamblea de Madrid no estaban legitimados para presentar los recursos.
RETRASO DEL BOE
A este clima hay que sumar el hecho de que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Estado (BOE) el nombramiento de los cuatro nuevos magistrados del Constitucional designados por el Senado -Luis Ignacio Ortega, Adela Asúa, Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos- a pesar de que su proclamación tuvo lugar el pasado 1 de diciembre.
Este retraso en la publicación de los nombramientos ha provocado que Ortega, Asúa, Hernando y Pérez de los Cobos no hayan podido tomar posesión de sus cargos y relevar así a los cuatro magistrados �entre los que se encuentra la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas- que debían haber abandonado el tribunal en diciembre de 2007.
Las fuentes consultadas señalaron que este retraso podría tener su explicación en el deseo del Gobierno de realizar la renovación de los cuatros magistrados elegidos por el Senado y los cuatro que deberá nombrar el Congreso a la vez, fundamentalmente para no perturbar la designación del nuevo presidente del Tribunal Constitucional.
El PP considera el retraso en la publicación en el BOE de los nombramientos del Senado una �vergüenza� y se plantea denunciar públicamente al Gobierno si esta situación no se ha solventado antes del 31 de diciembre.
Con este panorama, es muy factible de que el acuerdo y el subsiguiente nombramiento de los cuatro magistrados que tienen que ser elegidos por el Congreso de los Diputados se retrase hasta, al menos, el próximo mes de febrero. Y ello a pesar de que los magistrados no van a hacer variar la correlación de fuerzas en el seno del tribunal, donde el sector progresista mantendrá la mayoría.
