El 82,6% de los ciudadanos afirma que en España las leyes no protegen por igual los derechos e intereses de todos los ciudadanos y que «favorecen a unos más que a otros». En concreto, el 48,6% cree que la ventaja recae en los ricos y el 26% opina que es a los políticos a los que más beneficia.
Esta es una de las conclusiones del estudio sobre el funcionamiento de la justicia contenido en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de febrero y hecho público este miércoles.
Quizá por esta convicción, el 68,8% asegura que los ciudadanos no son iguales ante la ley, aunque el 58% cree que los españoles son exigentes con sus derechos.
El estudio del CIS revela que el 74,7% piensa que las leyes le protegerían «poco» o «nada» en caso de conflicto con un ciudadano rico o influyente, un 72,3% tiene esa misma creencia cuando su oponente es una gran empresa o un banco, y la cifra llega al 68% en el momento en que se encuentra enfrente la Hacienda Pública.
De hecho, el 48% asegura que la Administración de Justica funciona «mal» o «muy mal», frente a sólo un 18,4% que estima que va «bien» o «muy bien». Además, los ciudadanos no aprecian una buena evolución, porque un 13,3% dice que ha mejorado en los últimos cuatro años, frente al 24% que dice que ha empeorado.
El 61,6% juzga insuficientes los recursos con los que cuenta la Justicia y abogan por tener más jueces (39,6%) y medios informáticos (24,8%). Todo ello debe servir sobre todo para hacer los procedimientos más rápidos (77,4%).
Los encuestados tiene serias dudas sobre la independencia del sistema. El 37,5% asegura estar poco o nada de acuedo con la afirmación de que los jueces actúan con honradez y sin dejarse influir por presiones, y el 59,5% está en desacuerdo con la afirmación de que los casos de corrupción son excepcionales en la judicatura.
El 45,2% de los ciudadanos objeto de estudio creen que los jueces son más bien conservadores, frente a un 12% que considera que son mayoritariamente progresistas.
