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El juez Carlos Dívar llega al Tribunal Supremo.

EFE

Nueve magistrados de la Sala del 61 votaron a favor, seis en contra y uno por la estimación parcial

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El Tribunal Supremo ilegaliza a Bildu que no podrá concurrir a las elecciones del 22 mayo 2011

La decisión judicial arrastra a los 'tibios' de EA por dejarse instrumentalizar por los proetarras

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Redacción, 02 de mayo de 2011 a las 09:57

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Bildu tiene la posibilidad de recurrir la resolución del Supremo ante el Constitucional, que tiene de plazo hasta el jueves, por lo que aún no tiene definitivamente cerrado el paso
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El ex subdirecto de «Gara», Martin Garitano (centro), junto a otros candidatos de Bildu.

  • El ex subdirecto de «Gara», Martin Garitano (centro), junto a otros candidatos de Bildu.

La decisión de la «Sala del 61» del Tribunal Supremo de anular las candidaturas de Bildu y de varias agrupaciones de electores, impide, salvo que el Tribunal Constitucional decida otra cosa, que ETA esté presente en las elecciones municipales del 22-M.

Será la primera vez que las instituciones vascas estén verdaderamente limpias de colaboradores del terrorismo, lo que constituye un acontecimiento histórico. Esta es la única fórmula aún por aplicar a la democracia en el País Vasco.

En treinta años, los diversos testaferros de ETA sólo han utilizado las instituciones para facilitar la estrategia terrorista del doble frente, político y violento.

La decisión ha sido tomada por el número de magistrados -nueve- que ya optara por la ilegalización de Sortu. La anulación de las listas de Bildu -con seis votos en contra-, aunque resuelta en un procedimiento distinto, es una continuación de la decisión sobre Sortu, porque si éste representaba el plan «A» de ETA, Bildu era su plan «B».

Y lo correcto ha sido impugnar todas las listas, como proponía el PP. Si la sentencia de la «Sala del 61» hubiera optado por la aceptación, total o parcial, de las candidaturas de Bildu, no sólo habría supuesto un revés para la unidad democrática -el Gobierno y el PP han cerrado filas frente a Bildu-, sino que también habría provocado una derogación de hecho de la Ley de Partidos Políticos, lo que hubiera dejado a la democracia sin un instrumento esencial para luchar contra ETA.

Esta sentencia no implica una restricción arbitraria de derechos fundamentales. La Ley de Partidos Políticos y la ilegalización del entramado batasuno pasaron el filtro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque los valores democráticos son incompatibles con cualquier opción política que esté tutelada por la violencia.

Y en este vicio incurría Bildu, según los informes policiales y las demandas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

El problema de las listas de Bildu no radicaba en que hubiera candidatos con vínculos proetarras, sino en que todas ellas respondían al designio de ETA de promover una alianza independentista con partidos legales que cobijara a candidatos batasunos y garantizará su presencia por otros cuatro años en ayuntamientos y diputaciones forales.

Ahora bien, falta el Tribunal Constitucional, ante el cual, Fiscalía y Abogacía del Estado deben oponerse con igual eficacia a los recursos de amparo de Bildu y demás candidaturas proetarras para dar definitivamente a la democracia en el País Vasco la primera oportunidad de realizarse sin la infección terrorista.

 



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