La que fuera asesora jurídica adscrita al departamento de Urbanismo de Marbella (Málaga), Raquel Escobar, ha asegurado que el supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, «tenía autoridad suficiente para impartir órdenes en muchas áreas del Ayuntamiento».
Así, ha sido preguntada sobre las instrucciones que daba Roca a los distintos departamentos como por ejemplo Economía o Urbanismo, apuntando que mantenía una «comunicación fluida» con interventor, el secretario, el concejal o el tesorero, y «si Roca pedía que acudieran al despacho para debatir un tema ellos acudían».
Escobar, que ha declarado este martes como testigo en el juicio del caso ‘Malaya’ dentro del bloque en relación con la operación Crucero Banús, ha insistido en que prestaba servicios en Urbanismo y en que Roca tenía funciones de gerente de ese departamento, ya que, como ha afirmado, «lo que dijera Roca estaba autorizado plenamente por el alcalde», en referencia a Jesús Gil.
Ha recordado que cuando fue contratada no se elaboraban informes jurídicos en materia de licencia, tal y como lo había exigido Gil, y que estos permisos se otorgaban según informes técnicos y un informe jurídico de carácter general que había emitido el abogado del Ayuntamiento, José Luis Sierra, aunque a partir de 2003 sí se hacían estos documentos.
Asimismo, ha asegurado que cuando le daban instrucciones «algunas de ellas» eran de Gil, aunque «en bastantes ocasiones» se las daba Roca, con orden, según ha precisado, de Alcaldía. En este sentido, ha añadido que recibía algunas de esas instrucciones de urgencia «por el interés» para otorgar esa licencia de obra, aunque ha apuntado que no le daban las razones.
En relación con la operación Crucero Banús ha apuntado que tenía «desconocimiento» del convenio y de cómo se tramitó, ya que, a su juicio, a los efectos de sus funciones «todo ese trámite era irrelevante», por ello «ni verificaba ni corroboraba».
Según el escrito inicial de la Fiscalía Anticorrupción, Román «se concertó» con Roca, con el ex comisario Florencio San Agapito y el letrado Juan Hoffman para comprar una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, «un aumento de edificabilidad para revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado».
Con este objeto, los aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento con la recalificación «se reducirían deliberadamente en perjuicio del Consistorio, aumentando aún más el beneficio a obtener por los imputados», dice la acusación pública, que cifra estos beneficios en más de seis millones de euros.
