El Tribunal Constitucional (TC) emprende a partir de hoy una nueva etapa con la llegada de los cuatro magistrados designados por el Senado, que renovarán parcialmente el tribunal tras un periodo convulso en el que los debates sobre el Estatut y las luchas partidistas han evidenciado sus debilidades.
Tras la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado de los nombramientos de los nuevos cuatro magistrados, el ex presidente del Consejo General del Poder Judicial Francisco José Hernando, el catedrático Francisco Pérez de los Cobos -a propuesta del PP- y los también catedráticos Adela Asúa y Luis Ortega -propuestos por el PSOE- juran o prometen esta tarde su cargo ante el Rey en Zarzuela.
Su nombramiento se ha visto retrasado hasta ahora por la falta de consenso entre el PSOE y el PP sobre los otros cuatro candidatos al TC que debe renovar el Congreso, y que ha impedido que la renovación de los ocho magistrados que se encuentran en funciones pueda llevarse a cabo en bloque, como pretendía el Ejecutivo.
Hernando, Pérez de los Cobos, Asúa y Ortega tomarán mañana posesión de su cargo en la sede del Alto Tribunal, una vez que también ha sido publicado ya en el BOE el cese de la actual presidenta del TC, María Emilia Casas, adscrita al sector progresista, y de los conservadores Guillermo Jiménez, Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde.
El Senado dio el visto bueno a sus candidatos el pasado 1 de diciembre con casi tres años de retraso, ya que desde finales de 2007, cuando concluyó el mandato de Casas, Jiménez, Conde y Rodríguez-Zapata, el PSOE y el PP han sido incapaces de alcanzar un acuerdo para sustituir a los magistrados que estaban en funciones.
Esa incapacidad de acuerdo permanece a la hora de consensuar los otros cuatro magistrados que debe renovar la Cámara Baja y los partidos políticos no han superado sus diferencias en las negociaciones para alcanzar un consenso que permita desbloquear la renovación pendiente del TC.
Y es que el principal, y al parecer único escollo, es la defensa que hace el PP del ex portavoz del CGPJ Enrique López como uno de los candidatos a sentarse en el TC, cuyo nombre ya desestimó el Senado al entender que no había cumplido los quince años exigidos de ejercicio como magistrado, requisito que para los «populares» superó en diciembre, aunque para el PSOE no computa de igual forma.
En estos tres años con magistrados en funciones, el Alto Tribunal ha afrontado la que ha sido la votación más complicada de su historia: dictar sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, que tras cuatro años desde su aprobación fue avalado en su mayoría, si bien el TC «recortó» los aspectos más simbólicos, como los referidos a la lengua o a la definición de Cataluña como nación.
Las deliberaciones sobre la norma catalana pusieron en evidencia el debilitamiento de un órgano en el que se ha reproducido la lucha partidista debido a la composición del tribunal y la elección a propuesta de las fuerzas políticas de la mayoría de sus magistrados, lo que ha supuesto un alto coste para su credibilidad.
Con la renovación parcial comienza una nueva etapa para el tribunal que, entre otros asuntos, deberá resolver los recursos del PP contra el matrimonio homosexual y contra la ley del aborto, y en la que seguirá estando compuesto por 11 miembros, ya que continúa sin cubrirse la vacante del magistrado Roberto García-Calvo, fallecido en 2008.
A falta de lo que ocurra en el Congreso, esta renovación rompe el actual equilibrio de fuerzas en el Alto Tribunal, compuesto ahora por siete magistrados adscritos al sector progresista -además de Asúa y Ortega, Pascual Sala, Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps- y otros cuatro conservadores -Hernando, Pérez de los Cobos, Ramón Rodríguez Arribas y Javier Delgado-.
