El etarra José Luis Alvarez Santacristina, alias ‘Txelis’, declarará este viernes en la Audiencia Nacional en el marco de la causa en la que el juez Pablo Ruz investiga el aparato de extorsión de la banda terrorista ETA y la trama que operaba en el bar ‘Faisán’ de Irún (Guipúzcoa), informaron fuentes jurídicas.
‘Txelis’, que comparecerá como testigo a instancias de la Fiscalía, fue citado por el supuesto mediador Juan José Arruti, procesado en la causa, en relación con su intervención en un pago de alrededor de 180.000 euros que un empresario habría realizado en 1991. De esta cantidad, ETA sólo habría recibido 30.000 euros.
El etarra, al que se atribuye la creación de la ‘kale borroka’, disfruta del segundo grado penitenciario desde el pasado mes de octubre y cumple condena en el penal alavés de Nanclares de Oca, donde el Ministerio del Interior agrupa a los presos que han manifestado su rechazo de la violencia.
Según el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, que le concedió la posibilidad de acogerse al artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, ‘Txelis’ es «una persona distinta a la que entró en prisión», ya que durante los últimos años ha mostrado un «rechazo absoluto» a la violencia y unas «convicciones personales y morales firmes y sólidas».
LA TRAMA DEL ‘FAISAN’
En la causa sobre el aparato de extorsión etarra están procesadas una veintena de personas, entre las que se encuentran el propietario del bar ‘Faisán’ de Irún (Guipúzcoa), Joseba Imanol Elosúa, al que el juez Baltasar Garzón imputó los delitos de integración en banda armada y amenazas terroristas.
Según el magistrado, el establecimiento era utilizado por el aparato de extorsión de ETA, denominado Gezi, para «canalizar las distintas remesas de cartas de extorsión» que la banda enviaba a empresarios del País Vasco y Navarra. Allí, según el magistrado, se efectuaban los pagos y cobros del denominado ‘impuesto revolucionario’. En una causa independiente, Ruz investiga el chivatazo que impidió el 4 de mayo de 2006 una operación policial.
Elosúa también habría colaborado con miembros de ETA en el desarrollo de medidas que garantizaran la seguridad de las reuniones que se celebraban en su bar. Además, Garzón consideró acreditado que mantuvo reuniones con integrantes de la banda para gestionar pagos y que participó como intermediario en la extorsión sufrida por varios empresarios.
El hostelero también se dedicaba a la recopilación de información económica de empresas y personas físicas susceptibles de ser extorsionadas y colaboraba en la gestión de este tipo de campañas, según consta en un auto de Garzón fechado el 24 de octubre de 2008, que añade que mantenía operaciones financieras con personas vinculadas a ETA.
OTROS PROCESADOS
El juez atribuyó, además, los delitos de integración en organización terrorista y amenazas a los etarras María Soledad Iparraguirre, ‘Amboto’; Iñaki Arietaleaniz, Asier Mardones, Pedro Esquisabel, Kikitza Gil de San Vicente, Zigor Merodio, Ramón Sagarzazu y Jon Salaberría.
También fueron procesados seis directivos de la empresa Azkoyen, que entre 1995 y 2001 habría pagado a la banda un total de 37 millones de pesetas (222.374 euros) que fueron convertidos en divisas y entregados en la localidad francesa de Bert a dos personas no identificadas de la organización terrorista ETA.
En concreto, el magistrado imputó por no haber cumplido el deber de denunciar la extorsión de la que estaban siendo objeto al ex director general de Azkoyen Ignacio Moreno; los ex miembros del consejo de administración Ignacio Orbaizeta, José María Careaga, Francisco Elizalde, Ricardo Armendáriz; y el ex jefe de Contabilidad de esta empresa, Jesús Marcos Calahorra.
También procesó por colaboración y amenazas a Juan José Arruti, Jean Piere Haracorene, Alfonso Martínez de Lizarduy y Emilio Castillo, y únicamente por el primer delito a José Carmelo Luquin, Ignacio Aristizabal, Jesús Iruretagoyena, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui. Los dos últimos eran constructores y en 2006 pagaron a ETA 54.000 euros haciendo constar que realizaban la aportación de forma voluntaria y que se les había requerido cinco años antes.
En marzo de 2009, además, el juez Garzón citó como imputados por un delito de colaboración con organización terrorista al que fue dirigente de Herri Batasuna (HB) José María Olarra Aguiriano y al ex alcalde de Tolosa (Guipúzcoa) Antxon Izaguirre Gorostegui (ANV). También pidió al juez Fernando Andreu, a instancias de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que le remitiera la declaración efectuada en octubre de 2004 por los cocineros Juan María Arzak, Carlos Arguiñano y Martín Berasategui para tener «una idea más aproximada del mecanismo de extorsión» utilizado por ETA.
